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El hundimiento del buque Tallink
5 de Conferry, compañía de transporte marítimo que estatizó el fallecido
presidente Hugo Chávez en 2011, ilustra el estado al que condujo la
administración del gobierno a las 1.359 empresas que expropió entre 2005 y
2017, cifra calculada por el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice.
Incluso el Ejecutivo admitió
recientemente que había fracasado en la administración de las compañías
estatales, de las cuales muchas pasaron a manos del Estado por las vías de la
expropiación, confiscación y nacionalización. “Los modelos productivos que
hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, mía
y tuya”, expresó el presidente Nicolás Maduro el 30 de julio en el congreso del
PSUV.
Ana Carrasquero, investigadora
del Observatorio, afirmó que la caída de la producción no se debe a que el
gobierno no sabe administrar, sino que es parte de “una política de ataque
sistemático” en contra del derecho de propiedad, que se estableció en el Primer
Plan Socialista de la Nación 2007-2013.
La experta aseguró que tanto las
empresas estatales como las renacionalizadas han demostrado que son una pérdida
de recursos monetarios y que carecen de la capacidad de generar, de manera
eficaz, productos para el mercado interno. “Después de la cantidad de centrales
azucareros que se expropiaron, ¿por qué actualmente no se consigue azúcar con
facilidad? Igual pasa con la cantidad de empresas de café”, expresó.
Al final, el Estado contribuyó a
la caída de la producción interna y generó un proceso de escasez de bienes de
todo tipo, algo que no se había visto nunca en la historia de Venezuela, añadió
la investigadora.
La ONG Transparencia Venezuela
señaló en el informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela que la
dramática situación en el país, considerada crisis humanitaria desde 2016, es
en parte responsabilidad de "la pésima gestión" de las empresas públicas
de los sectores manufactura, agroindustrial y comercial. "El Estado cuenta
con importantes empresas fabricantes de los rubros básicos que escasean en el
país y en vez de aumentar la producción de los mismos, la ha disminuido".
Más intervención, menos
producción. Cedice indica en el informe Costo e impacto de las expropiaciones:
causas de un Estado patrimonialista que fue en 2005 cuando se empezaron a
registrar las intervenciones a la propiedad privada; el punto de partida fue El
Charcote, que le perteneció al grupo británico Vestey y al que el gobierno le
compró el hato por 4,1 millones de dólares en 2006, después de un largo período
de negociaciones.
Luego de expropiar empresas en
sectores como petrolero, eléctrico, telefónico y alimentos, en 2008 el gobierno
pactó pagar 270 millones de dólares por 89% de la unidad local de la francesa
Lafarge y 552 millones por 85% de la suiza Holcim con las cementeras francesa
Lafarge y la suiza Holcim, mientras que expropió la filial de la mexicana
Cemex, por lo que se convirtió en el dueño del monopolio del cemento.
Luego de la estatización de la
industria cementera, la producción cayó y actualmente la paralización en todas
las plantas se ubica en 80%, afirmó Abner Mendoza, de Venezolana de Cementos.
Apuntó que el país tiene una capacidad instalada de 10 millones de toneladas
métricas, pero ahora lo que producen no llega ni a 3 millones.
En ese año el gobierno también
fijó la mirada en Lácteos Los Andes, fundada en 1984 y adquirida por Pdvsa en
2008. Aunque su producción creció 33% entre 2007 y 2012, según Transparencia
Venezuela, en los últimos 6 años ha caído por falta de materia prima y
deficiencia en el mantenimiento de equipos y plantas.
Un sindicalista de Lácteos Los
Andes, que pidió no citar su nombre, afirmó que la producción está
completamente paralizada desde 2017 debido a la falta de materia prima. “Nos
hemos reunido con varios ministerios, pero hacen caso omiso de la
problemática”, dijo.
Transparencia Venezuela indicó
que la producción de leche, azúcar y cemento cayó por debajo de los niveles
previos a la estatización de las empresas respectivas y que Venezuela, de ser
un país exportador de café, pasó a ser importador. Fama de América, productora
de este rubro, fue expropiada en 2009. En 2016 trabajaron a 10% de su capacidad
por falta de materia prima y ahora rara vez el producto se consigue en el
mercado.
En 2010 el tsunami de
expropiaciones también arrasó con las cadenas de supermercados Cada y Éxito,
que fueron reemplazadas por la Red de Abastos Bicentenario.
Jorge Lastra, directivo del
sindicato de Rabsa, afirmó que cuando esos supermercados eran privados los
anaqueles siempre estaban llenos y ofrecían varias marcas. Pero después, cuando
pasó a manos del Estado, comenzaron a escasear los productos.
“Abastos Bicentenario se
pudrió”, expresó Maduro en febrero de 2016 y ordenó una reestructuración de la
red. Tras la medida, más de 10.000 trabajadores fueron despedidos. Las
liquidaciones a los empleados han continuado en las sucursales que cierran para
convertirse en Tiendas CLAP, ahora en manos de privados.
Hace 8 años el gobierno también
estatizó Sidetur. Cuando era privada producía más 40% de las cabillas del
mercado nacional. Alejandro Álvarez, secretario general de Sidernac, afirmó que
actualmente la Planta Casima lleva más de un año paralizada.
De la promesa al fracaso.
“Nosotros las llamábamos empresas recuperadas, pero terminaron siendo el
fracaso y la derrota más grande”, expresó Marcela Máspero, presidente de la
Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela.
Señaló que en un primer momento
los trabajadores apoyaron las expropiaciones que hizo Chávez con la esperanza y
la intención de mantener la productividad, mejorar la distribución de los
productos y servicios y las condiciones laborales y garantizar y aumentar la
distribución de la riqueza, en beneficio de los trabajadores para mejorar sus
derechos. Así sucedió con compañías como Venepal, Cantv y el sistema eléctrico.
Pero no se cumplieron ninguna de
las promesas, aseguró. “Las personas que estuvieron al frente lo que hicieron
fue intentar acabar con las organizaciones sindicales, dividir, dispersar,
perseguir, acosar, encarcelar y hasta asesinar a dirigentes de sindicatos que
luchaban incluso por la producción”, relató.
Después, bajo la presidencia de
Maduro, el gobierno sacó otra carta que tenía bajo la manga: la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. “Ahora tenemos el militarismo presente en las empresas,
que es mucho más grave porque, además de implantar el régimen militar, ha
aumentado la corrupción, el acoso y la persecución”, dijo Máspero.
Añadió que todas las empresas
estatizadas son un fracaso por la falta de mantenimiento, la corrupción, la
ausencia de derechos laborales, la persecución sindical y la falta absoluta de
producción.
Denuncian paralización técnica de Invecem
La diputada a la Asamblea
Nacional, Carolina de Miranda, afirmó que trabajadores de la planta Industria
Venezolana de Cemento, filial de la Corporación Socialista de Cemento, ubicada
en la población de San Sebastián de los Reyes, en el estado Aragua, protestaron
ante la paralización técnica de la empresa estatal por falta de materia prima.
Dijo que el presidente del
sindicato de trabajadores de Invecem, Luis Carrillo, le informó que decidieron
activar el conflicto laboral y, entre ellos, realizar protestas pacíficas en
las puertas de la planta durante horas de la mañana hasta lograr la reactivación
de la empresa.
De Miranda expresó que, además
del tema salarial y exigir reivindicaciones económicas, a los casi 300
trabajadores les preocupa la paralización de las 3 líneas de producción,
incluida la que fue inaugurada el mes de marzo de 2016 con una inversión de 126
millones de dólares proveniente del convenio China-Venezuela. “Hay trabajadores
hasta con 30 años de servicio que se encuentran preocupados por su estabilidad
laboral”, dijo.
El fracaso en manos del Estado
Lácteos Los Andes
Fundada en 1984 fue adquirida
por Pdvsa en marzo de 2008. Aunque su producción creció 33% entre 2007 y 2012,
según Transparencia Venezuela, en los últimos 6 años ha caído por falta de
materia prima. Está paralizada desde 2017.
Industria Cementera Nacional
Desde que el gobierno tomó el
control de empresas como Lafarge, Holcim y Cemex en 2008, la producción cayó.
No se produce ni 30% de la capacidad instalada, que equivale a 10 millones de
toneladas métricas.
Fama de América
La empresa productora de café
fue expropiada en 2009. En 2016 operó a 10% de su capacidad por la falta de
materia prima y desde entonces la producción se mantiene en picada.
Trabajadores han protestado por temor a perder el empleo.
Agroisleña
En 2010 fue expropiada por el
fallecido presidente Hugo Chávez, quien la rebautizó Agropatria. Desde entonces
los productores han denunciado la cada vez más exigua oferta de los insumos
para la producción agrícola.
Hipermercados Éxito
En 2010 Chávez expropió la
cadena de supermercados francocolombiana, cuyos locales pasaron a formar parte
de los Abastos Bicentenario. La red oficial fue privatizada por Nicolás Maduro.
Ahora se llama Tiendas CLAP.
Sidetur
En 2010 el gobierno estatizó
Sidetur. Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato del Complejo
Siderúrgico Nacional Planta Casima, ha denunciado que actualmente la planta
lleva más de un año paralizada.
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