domingo 21 de junio de 2015
En los últimos 16 años el índice de criminalidad en Venezuela se ha disparado significativamente de la mano de la delincuencia organizada, que hoy en día opera a través de las bandas criminales y de otros cinco tipos de organizaciones delictivas consideradas "micro Estados", entre las cuales figuran: los colectivos armados, el pranato carcelario, las megabandas, los seudo sindicatos de la construcción y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación.
Según cálculos del abogado criminalista Fermín Mármol García, en la actualidad existen en Venezuela al menos 72 mil individuos que tienen como oficio la comisión de delitos. Considera que la cifra es "muy alta" porque supera el número de la población reclusa que hay en el país, la cual asciende a 60 mil personas, aproximadamente.
Aunque algunos de estos delincuentes actúan en solitario, la gran mayoría integra una banda criminal o forma parte de un "micro Estado", que son agrupaciones delictivas que funcionan como un "Estado paralelo" dentro del Estado venezolano. Se les considera así porque tienen los tres componentes fundamentales de cualquier nación: un "territorio" que dominan, una "población" que someten y un "poder" dado por las armas.
En algunos casos estos grupos criminales cuentan con un poder de fuego superior al que poseen la mayoría de los cuerpos policiales, ya que utilizan armas de guerra en la ejecución de sus fechorías; mientras que las policías municipales y estadales de todo el país solo pueden usar pistolas 9 mm y una escopeta de calibre 12 mm por cada 10 funcionarios, según lo establece la resolución N 17.350 del Ministerio de Defensa de fecha 13 de febrero de 2011 (Gaceta Oficial N 39.627).
Desde entonces, los cuerpos de seguridad, locales y regionales, han encarado al hampa en condiciones de desventaja, pues a partir del año 2012 el uso de armamento de alto calibre se ha hecho más frecuente en la comisión de delitos.
En lo que va de 2015 se han reportado varios enfrentamientos donde los delincuentes repelen a los efectivos de seguridad con armas largas y artefactos explosivos, tal como ocurrió el pasado 11 de febrero en Los Dos Caminos, en el municipio Sucre, donde policías de esa localidad fueron atacados con fusiles AK47 (rusos) y granadas cuando frustraban un secuestro. Hace apenas 9 días en la Cota 905, en la parroquia El Paraíso del municipio Libertador, cinco Policaracas resultaron heridos producto de la explosión de una granada lanzada por los antisociales, según informó a los medios el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Juan Francisco Romero Figueroa.
Tan solo en febrero resultaron heridos por esquirlas de granadas ocho funcionarios en el estado Miranda: cuatro de Policharallave, tres de Polisucre y uno de Polimiranda, revelan las estadísticas del cuerpo policial de la región mirandina.
A juicio de Elisio Guzmán, director de la Policía de Miranda, la disminución de la capacidad de acción de los efectivos y la proliferación de las armas de guerra en manos de civiles, han jugado un papel preponderante, junto con la impunidad, en el aumento de la criminalidad en el país.
Comparte la misma opinión el director de la Policía Municipal de Sucre, Manuel Enrique Furelos, quien agrega a la lista el colapso del sistema judicial y el déficit policial, que en el caso de esta localidad se ubica en 60%.
Por su parte, el subdirector de Polichacao, Rubel Vásquez, destaca que la falta de continuidad en los planes de seguridad también es un factor importante que influye en el aumento del delito.
Asociarse para delinquir
Cuando varios individuos se asocian para delinquir surge una banda criminal, señala el criminalista Javier Gorriño. En Venezuela este tipo de organizaciones se han multiplicado rápidamente por todo el territorio nacional. Mármol García estima que en el país actúan por lo menos 18 mil bandas, de las cuales 12 mil están dedicadas a delitos primitivos o violentos como sicariatos, robos a mano armada (asaltos y atracos), tráfico ilegal de drogas, secuestros y extorsiones; mientras que las 6 mil restantes se enfocan en delitos no violentos o de astucia como estafas, fraudes, apropiaciones indebidas y hurtos, entre otros.
Aunque sobre este particular las cifras oficiales no se han dado a conocer, el 25 de agosto de 2013 el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, informó a los medios que sostuvo encuentros con 280 bandas delictivas del estado Miranda y "con aproximadamente 10.000 miembros de bandas", lo que ofrece una idea de la cantidad de delincuentes y bandas que podrían operar en todo el país.
Estos grupos cuentan con mínimo tres integrantes, están dirigidos por un líder y la mayoría de sus miembros son de sexo masculino (87%), menores a 25 años de edad y por lo general consumen drogas antes, durante y después de la ejecución del delito, por eso se les suele llamar "coco seco", señala Mármol García.
El alcance operativo de las bandas desde el punto de vista territorial es limitado y su estructura va a depender de la clase de delito al que se dediquen. Unas son incipientes y cuentan con poca logística, pero otras son más estructuradas, poseen mayor poder de fuego y con el tiempo se van especializando en un determinado tipo de hecho delictivo. "Se dedican al delito sobre el cual tienen más conocimiento, el que les da más dinero y les ofrece más impunidad", explica Gorriño.
Mármol García advierte que con el pasar de los años estas bandas van creciendo y aumentando su poderío bélico, por tanto, existe el riesgo de que lleguen a convertirse en una megabanda.
Asimismo existe la posibilidad de que varios de estos grupos se fusionen para formar una megabanda. Precisamente a raíz del ataque policial que se produjo en el sector Las Quintas de la Cota 905 el pasado 5 de junio, las autoridades sospechan que las bandas de las zonas de El Cementerio, El Valle y la Cota 905 se unieron para declararle la guerra a los policías, según conoció extraoficialmente El Universal hace días.
Gobiernos del delito
Los micro Estados delictivos nacieron, crecieron y se fortalecieron durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), afirma Mármol García. En su criterio, la actuación impune de estos grupos ha enviado a la sociedad la señal de que en Venezuela hay "intocables" y que la capacidad de respuesta del Estado ha sido rebasada por un "conjunto de fenómenos delictivos".
Asegura que estas agrupaciones no han sido combatidas debidamente porque, en algunos casos, han mostrado banderas de apoyo a la revolución, como ocurre con los colectivos armados, pero en otros casos porque el Estado no ha estado dispuesto a pagar el costo político de enfrentarlas, con lo cual "les cedió poder y territorio".
Señala además que la influencia de estas organizaciones en la sociedad es tan grande que han logrado insertarse en el tejido social ocasionando mucho daño a la convivencia ciudadana y a la paz colectiva, e incluso al propio Estado, porque han logrado debilitar sus instituciones y, en algunos casos, desplazar su autoridad y soberanía.
Colectivos armados: doble rostro
La presencia de los colectivos armados y violentos se ha extendido a por lo menos 10% de las parroquias del país, según las cifras manejadas por Mármol García. Esto quiere decir que en al menos 150 parroquias de Venezuela actúan uno o más colectivos, especialmente en las zonas populares.
Estos grupos, que son considerados por el criminalista como "fuerzas paramilitares urbanas que erigen la bandera de la revolución", cuentan con entre 1.500 y 2.000 personas a escala nacional, según sus estimaciones. Afirma que informes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) señalan que muchos de sus miembros se han dedicado al delito común como robo de vehículos, secuestro y extorsión; por eso asegura que tienen un "doble rostro".
En su criterio, la presencia de estas agrupaciones en la sociedad es tan dañina, que ha hecho mella en el control de la violencia y el delito, e incluso han llegado a desplazar a la autoridad. Un ejemplo palpable de esta situación se presentó el pasado 15 de mayo en la parroquia El Paraíso de Caracas, cuando "los colectivos revolucionarios del Paraíso" enviaron una carta, firmada y sellada, a los cuatro condominios y comercios del Conjunto Residencial El Paraíso, informándoles que habían "tomado la decisión de intervenir el urbanismo con el fin de acabar con los actos vandálicos y brindar mayor seguridad, cierre de toda residencia, alumbrado de áreas comunes y caminerías, conformación de una sola comunidad entre las cuatro etapas y mejorar los servicios".
República de los pranes
Desde hace varios años los pranes o líderes negativos han tomado el control de las cárceles venezolanas, convirtiéndolas en centros de operaciones de actividades delictivas. Según Mármol García, el pranato carcelario domina al menos el 70% del sistema penitenciario del país, y su influencia ha traspasado los muros de los centros de reclusión, pues desde allí se planean muchos sicariatos, secuestros, extorsiones, trata de blancas, tráfico ilegal de drogas, entre otras actividades que reportan grandes ganancias para los que conforman la cúpula del poder.
Megabandas en acción
En Venezuela funcionan al menos cinco megabandas que han logrado dominio territorial en buena parte del país. Estas organizaciones cuentan con armamento de alto calibre y están compuestas por 100 o más integrantes, donde cada uno cumple un rol específico. Varios de sus miembros ya han pasado por las cárceles, por lo que mantienen conexión con los pranes y actúan en concordancia con ellos para ejecutar los delitos.
La primera de estas megabandas tiene su campo de acción en el eje Barlovento del estado Miranda, con una incidencia muy fuerte desde Caucagua hasta El Guapo. Sus miembros se dedican a la comisión de delitos violentos y reclutan a jóvenes de la localidad para fortalecer sus actividades delictivas.
La segunda megabanda opera en el estado Aragua. Parte de su amplia actividad criminal se concentra en el cobro de vacunas y la extorsión a comerciantes. A ella se le atribuyen los ataques con granada perpetrados en el mes de mayo a distintas sedes policiales del estado, entre ellas las instalaciones del Cicpc en Villa de Cura y Turmero.
Una tercera megabanda realiza sus actividades en la frontera de Guárico con Aragua; la cuarta actúa en el Sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia; y la última, opera entre Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, afectando al sector minero.
La influencia de estos grupos es tan grande que, sin necesidad de levantar banderas ideológicas, se han erigido como autoridad en las zonas donde actúan, asevera Mármol García. Un ejemplo de ello fue la protesta pacífica que el pasado 11 de mayo protagonizaron algunos vecinos del sector San Vicente, en Maracay, estado Aragua, para solicitar al Cicpc el cese del hostigamiento a varias personas que presuntamente forman parte de la megabanda del estado, pero que son reconocidas por ellos como líderes sociales.
Mafias de la construcción
El cuarto micro Estado lo conforman los seudo sindicatos de la construcción, que son grupos armados que se infiltran en las obras privadas y toman el control parcial de las obras mediante amenazas a la vida o a la integridad física del constructor o de sus empleados. Según Mármol García, sus miembros se autodenominan "sindicalistas" y utilizan la coacción para obligar al patrono a cumplir con sus exigencias laborales.
Paramilitares rurales
Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y sus distintas fracturas en el eje Apure-Barinas-Táchira también nacieron y crecieron en revolución, afirma Mármol García. Según el experto, "los boliches" como se les llama coloquialmente, deben ser considerados una "fuerza paramilitar rural", que incluso convive con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Esta agrupación se encarga de proteger el corredor de la droga ilícita que viene de Colombia, pero de manera conexa realiza secuestros y extorsiones en el sector rural, comercial e industrial de los tres estados.
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