miércoles 22 de julio de 2015
Hay mucho en juego en las elecciones legislativas venezolanas. Después de meses de incertidumbre, y bajo fuertes presiones internas e internacionales, a fines de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció el 6 de diciembre para elegir a los 167 miembros de la Asamblea Nacional unicameral.
En Venezuela, los comicios legislativos se celebran en fecha distinta a las presidenciales. Cabe recordar que estas últimas tuvieron lugar en abril de 2013 para elegir al sucesor de Hugo Chávez; comicios en los que emergió como vencedor, por muy estrecho margen (1.49%) y en unas elecciones muy cuestionadas, Nicolás Maduro.
Hegemonía chavista en juego
Desde el año 2000, el chavismo ha tenido el control permanente de la Asamblea Legislativa; predominancia que aumentó en las elecciones de 2005 cuando la oposición cometió el error de no participar.
Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en 2010 cuando el oficialismo, mediante reformas truculentas al sistema electoral dirigidas a mejorar su performance, obtuvo 99 de los 157 diputados.
Esta amplia mayoría permitió al gobierno de Chávez y ahora al de Maduro gobernar con amplio control y margen de discrecionalidad, situación que podría cambiar a partir de enero de 2016, fecha en que deben asumir los nuevos integrantes del Parlamento.
Actualmente, el nivel de credibilidad de este órgano es muy bajo; sin embargo, es una institución clave para el debate y el control político, la aprobación de las leyes incluido el presupuesto, y la designación de los miembros de los principales poderes.
Por primera vez en muchos años el chavismo arriesga perder el control de la Asamblea. Entre los factores que podrían influir de manera adversa para el gobierno cabe citar la grave situación económica (alta inflación, desabastecimiento, corrupción) y social que atraviesa Venezuela, así como el marcado desgaste de Maduro que reflejan las encuestas. Según Datanálisis, 84% de la población siente que el país está mal y sólo 13% opina que la situación es positiva.
Frente a este cuadro adverso y ante el temor de sufrir un descalabro electoral el chavismo ha recrudecido su represión política encarcelando injustamente a varios dirigentes opositores (Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre ellos) y, la semana pasada, la Contraloría General anunció las inhabilitaciones de varios miembros de la oposición tales como María Corina Machado y al ex gobernador Pablo Pérez para ejercer cargos públicos. En respuesta a estas medidas arbitrarias, la MUD ya anunció marchas de protesta y una campania internacional de denuncia ante la OEA y la ONU.
Integridad electoral y observación internacional
La integridad y credibilidad de este importante proceso electoral depende del cumplimiento de varios factores críticos e imprescindibles.
Primero, el gobierno debe poner fin a la represión política en todas sus formas, incluida la liberación de los presos políticos, el acoso a los pocos medios independientes que aún existen y a las medidas administrativas dirigidas a obstaculizar e impedir la participación de la oposición.
Segundo, el CNE debe actuar con total imparcialidad y garantizar condiciones de equidad a lo largo de toda la campaña electoral, lo que supone evitar el efecto de “cancha inclinada” en favor del oficialismo.
Tercero, es necesario restablecer los principios de representación proporcional consagrados en la Constitución política y revisar la actual conformación de las circunscripciones electorales para impedir la exagerada desproporción entre votos obtenidos y representantes electos como ocurrió en las pasadas elecciones legislativas del 2010. Y cuarto, el CNE debe garantizar una autentica observación internacional, la cual no debe quedar limitada a la “misión de acompañamiento” de la UNASUR. En este sentido, debe invitar a la OEA y a la UE, entre otras organizaciones internacionales, a que envíen sus respectivas misiones de observación electoral con suficiente antelación para que las mismas puedan observar el proceso electoral en todas sus etapas.
Cabe tener presente que desde 2006 Venezuela no ha permitido la presencia de misiones de observación electoral, a excepción de las de “acompañamiento” de UNASUR cuya metodología de trabajo (hasta la fecha) difieren de manera importante de las de la OEA, quien con más de 200 misiones en su haber, y salvo algunas excepciones, cuenta hoy con credibilidad y reconocimiento en este ámbito de trabajo.
En una conversación que sostuvimos recientemente con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el Centro Carter, con el Grupo de los Amigos de la Carta Democrática Interamericana, Almagro reiteró el interés de la OEA de observar estas elecciones y dijo estar en desacuerdo con las proscripciones políticas que tienen lugar en Venezuela.
En caso de que transcurran las semanas y el CNE no curse invitación formal a la OEA, o niegue su participación, el Secretario General debería proponer (invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana) realizar una apreciación colectiva de la crítica situación política venezolana. Existe después de todo, como bien señala Rubén Perina (ex funcionario de la OEA) “el peligro de una alteración del orden democrático, en términos de un fraude electoral o cuando Maduro anuncia que será el primero en lanzarse a la calle si la oposición gana…”. Su liderazgo está en juego.
Mi opinión. Coincido plenamente con la solicitud que acaban de hacer 27 ex Jefes de Estado iberoamericanos acerca de la necesidad de que las elecciones legislativas sean libres, justas e imparciales y que las mismas tengan lugar en un clima de absoluta confianza y transparencia. En efecto, una elecciones legitimas y creíbles son el mejor mecanismo para destrabar el juego político, disminuir la aguda polarización que padece Venezuela y avanzar en materia de reconciliación. Por el contrario, unos comicios cuyos resultados no sean respetados por las partes podría agravar peligrosamente la de por sí delicada y compleja situación que vive el país.
El camino de cara a las elecciones del 6 de diciembre va a ser tenso y complejo, y con seguridad estará plagado de obstáculos y desafíos. Frente a este panorama, el CNE (quien actualmente goza de bajo nivel de confianza ciudadana) deberá garantizar libertad, transparencia, equidad e imparcialidad a lo largo de las diferentes etapas del proceso electoral. De no actuar conforme a estos principios, la legitimidad y credibilidad de las elecciones estará en riesgo.
Los países de la región, por su parte, no pueden seguir haciéndose los distraídos ni guardando un silencio cómplice frente al tema venezolano. Tanto desde la OEA como de la UNASUR, tienen la responsabilidad de hacer su mejor esfuerzo para coadyuvar a garantizar unos comicios libres, transparentes y justos que permitan encontrar una salida institucional a la grave crisis y ayuden a recuperar la plena vigencia de la democracia en Venezuela.
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