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| Fuente elestimulo.com |
“Hay una responsabilidad política, porque los que manejan
los destinos de la Nación ,
corren con la responsabilidad de todo cuanto aconteció… ” Esto lo dijo José
Vicente Rangel en 1979 durante el debate parlamentario sobre el caso Sierra
Nevada en el que su voto fue crucial para salvar la presidencia de Carlos Andrés Pérez. JVR no se acordó de su propia cita en la
conversación televisada que sostuvo el domingo 14 de agosto con el ex
presidente de Pdvsa.
Rafael Ramírez Carreño no puede decir que no tiene ninguna
responsabilidad en el saqueo que sufrió Pdvsa bajo su mandato de diez
años. Es mentira que ignoraba lo que
pasaba porque tenía el control total a través de los familiares y amigos que
colocó en puestos claves de la industria. La red incluía primos, sobrinos,
hermanos, compañeros de estudios y parientes políticos. Los apellidos Ramírez,
Salazar, Carreño, Sansó, Rodríguez, Luongo, Demari, conforman el entramado
nepótico que arruinó a Pdvsa.
Aduce Ramírez que ni Pdvsa ni él tenían cuentas en Banca
Privada de Andorra. No hacía falta. Las
tenían su testaferro Diego Salazar y casi todos los integrantes de esta red de
corrupción. Las millonarias cuentas fueron abiertas tanto en la sede central de
Banca Privada de Andorra como en las sucursales de España (Banco Madrid) y
Panamá, como está suficientemente documentado en las investigaciones de las
autoridades financieras del Principado, EEUU y España.
El caso del desaparecido BPA y sus sucursales en Madrid y
Panamá, así como la clandestina oficina que mantenía en Caracas, es
especialmente relevante por lo que expone de la corrupción en Pdvsa.
En 2012 – tres años antes de la decisión del Departamento
del Tesoro de EEUU que culminó con el cierre del banco- la unidad de inteligencia financiera de
Andorra solicitó congelar las cuentas de la red de Ramírez acusando de lavado
de dinero a sus miembros, entre ellos a
Omar Farías – otro beneficiario de los seguros de Pdvsa – hoy enjuiciado
en República Dominicana bajo el mismo cargo.
En ese momento, a
Diego Salazar le bloquearon una cuenta personal con 200 millones de
dólares. En ella recibía las
“comisiones” de las empresas chinas contratadas a través del Fondo
Chino-Venezolano bajo el control de Rafael Ramírez. Los acuerdos de préstamo de China a Venezuela
obligan a la nación a comprar bienes y servicios a compañías chinas. Salazar era el “representante” de dichas
empresas ante el Fondo, como él se definió durante el proceso para desbloquear
las cuentas. En el Fondo Chino
Venezolano no se movía una hoja sin pasar por las manos de los primos que se
pagaban y daban el vuelto.
Leer el informe completo aquí.
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