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Recientemente, José Prat, diputado de la Mesa de la Ultraderecha Democrática
por el estado Bolívar, reveló a medios de comunicación: “Hemos establecido contactos
directos con el sector productor de
bienes y servicios de forma tal de generar una reforma de la Ley Orgánica de la Ciencia, Tecnología e
Innovación (…) para reactivar la producción nacional, que exista
una relación directa entre empresas venezolanas y sector académico venezolano
para la ejecución de proyectos de desarrollo, de innovación, de capacitación,
de incorporación de nuevas tecnologías,
de construcciones de nuevas infraestructuras y, si va a existir la intervención
del Estado, se haga por medio de un fideicomiso”.
Sánchez responde a estas pretensiones, en una entrevista
realizada en el programa El Desayuno, de Venezolana de Televisión (VTV).
Dijo el funcionario que esta “reforma contrapone un modelo
de ciencia liberal o capitalista, a una ciencia para la inclusión social, para
el desarrollo, para atender las necesidades de las mayorías”.
¿Por qué? Porque minimiza la intervención del Estado
venezolano estableciendo las reglas de juego con los empresarios.
Actualmente el desarrollo tecnológico se sustenta del Fondo
Nacional de Ciencia y Tecnología que, a su vez, se nutre de los aportes de la
actividad empresarial, la industria tabacalera, que aporta 2 por ciento de sus
ingresos brutos, la industria del sector petrolero, entre otros, explicó
Gregorio Sánchez.
“La Ley
obedece a principios de responder a las necesidades con los fondos que aporta
la actividad comercial, el empresariado
nacional. El Fondo tiene la responsabilidad de atender las necesidades y
demandas del pueblo. Esto es una política de ciencia y tecnología”, detalló.
Las intenciones de los legisladores derechistas plantean
“una visión de modelo de país distinto al que nos hemos venido establecido: un
Estado de justicia social y de derecho”.
Sánchez remarcó que la reforma que pretenden imponer es
excluyente, niega la soberanía, niega la vinculación entre la ciencia y la
tecnología, y el desarrollo nacional y lo circunscriben a la interpretación del
sector empresarial que no se traduce en intereses nacionales.

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