 |
| Fuente tsj.gob.ve |
El feroz pulso que mantienen el Gobierno y la oposición de
Venezuela se evidenció el fin de semana en un nuevo combate. A instancias de la
minoritaria bancada chavista, el Tribunal Supremo de Justicia ha aceptado una
medida cautelar para suspender los efectos de las sesiones de la Asamblea Nacional
celebradas entre el 26 de abril y el 17 de mayo.
La sentencia de la Sala Constitucional
se vale de un viejo reclamo introducido por la oposición en enero de 2011, al
comienzo de la anterior legislatura, en la que eran minoría, para oponerse a la
modificación del Reglamento Interior y de Debates aprobado por el chavismo en
diciembre de 2010. El 21 de abril el Supremo había respondido a esa petición
suspendiendo hasta 10 artículos de la norma que rige a las sesiones y habían
ordenado a la
Asamblea Nacional acatar su decisión.
En aquella ocasión, la Mesa de la Unidad Democrática ,
que llegaba al Parlamento después de ausentarse durante un período tras
renunciar a participar en las elecciones, pretendía que el máximo tribunal
impidiera que el debate se limitara a dos horas de discurso; que se le negara
la palabra a algún diputado; que se impidieran sus intervenciones por estar
fuera del tema que se estaba discutiendo; que el Ejecutivo decidiera acerca de
la viabilidad económica de una ley propuesta por el Poder Legislativo o que la
plenaria se convocara con al menos 48 horas de antelación y con un temario
definido.
Cuando en enero la oposición tomó el control del Parlamento
decidió proseguir el debate de acuerdo con las reglas chavistas. Ahora que la
bancada chavista se siente en desventaja el Supremo ha acudido en su ayuda para
impedir que le apliquen la dosis que alguna vez le prescribieron a sus rivales.
Con esa medida la anterior legislatura liquidó la
resistencia y las tácticas dilatorias que las bancadas minoritarias aplican
cuando desean oponerse a la aprobación de leyes y acuerdos. Ahora el chavismo
espera volver a retomar esas maniobras en un esfuerzo por presentarse ante la
opinión pública como la avanzada que se opone al desmontaje del proyecto ideado
por Hugo Chávez.
De momento han quedado sin efecto la comparecencia del
ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres y un eventual voto de censura en
su contra, el informe de una subcomisión especial encargada de elaborar un
programa económico para superar la crisis, la segunda discusión de un proyecto
de ley para atender la crisis de la salud y las primeras discusiones de otras
iniciativas.
La medida supone la agudización del conflicto de poderes que
se escenifica desde enero, cuando la oposición tomó control del Legislativo
tras 17 años de control chavista. El régimen ha utilizado al Supremo para
desconocer los efectos de las leyes aprobadas por el Parlamento.
La oposición ha aprovechado su comparecencia semanal ante la
prensa para rechazar la decisión del Supremo y preparar el terreno para lo que
luce como el fin de la tregua de las vacaciones escolares. El gobernador y
excandidato presidencial Henrique Capriles se preguntó en Twitter si con las
sentencias del máximo tribunal se había revertido la crítica situación del
desabastecimiento y escasez estructural de Venezuela. “Vergüenza de justicia”,
escribió.
Ramos Allup también utilizó sus cuentas en las redes
sociales para fustigar al Supremo y recordar que de los siete magistrados que
componen la Sala
Constitucional apenas uno tiene las credenciales para ocupar
su cargo. Y reiteró que solo la presión de la oposición en la calle llevará al
Consejo Nacional Electoral, que también controla el oficialismo, a dar la fecha
definitiva para la celebración de un referéndum revocatorio contra el
presidente Nicolás Maduro.
El próximo 1 de septiembre han convocado a una gran
manifestación bautizada como “la toma de Caracas”, en alusión a una
movilización proveniente de todas las regiones del país. Se espera una
concentración sin precedentes inmediatos en la capital venezolana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario