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Antes eran golpes secos, en el silencio de la noche y con el
único ruido de las bayonetas. Ahora se siguen dando, pero de una manera más
sofisticada y lenta, con la
Constitución en la mano; a plena luz del día, entre el ruido
de los micrófonos y la palabra hueca de los funcionarios. No se dan desde
afuera, sino más bien desde adentro, y ya no derrocan gobiernos, sino que por
el contario, los apuntalan contra cualquier forma de oposición política, pues
es el propio gobierno el que los planifica y ejecuta. La victima sigue siendo
la democracia, aunque todo se haga en el nombre del pueblo.
La historia política de los últimos veinticinco años en
nuestra América, es bastante ilustrativa al respecto, mostrando las maniobras
para perpetuarse en el poder de varios mandatarios. La Constitución ha sido
más un instrumento político al servicio de causas personalistas, que una ley
superior sobre la que cimentar las estructuras del Estado. Ocurrió primero con
Fujimori y la nueva constitución de 1993 que permitía la reelección inmediata a
diferencia de la anterior. Y otra vez, en el año 1996, con la Ley de Interpretación
Auténtica de la
Constitución con la cual el propio Fujimori se autorizaba a
ser reelecto nuevamente.
Más recientemente, en Ecuador, se eliminó a finales del año
pasado la limitante de una sola reelección, permitiéndose la reelección
indefinida a partir del 24 de mayo del 2017; lo que le daría chance al
presidente Correa de cambiar su actual decisión de no presentarse a las
próximas elecciones presidenciales de febrero 2017.
Algo similar ocurrió en Bolivia, donde la Asamblea Legislativa,
por medio de una reforma insólita de la Constitución del año 2009, le dio una nueva
oportunidad de reelección a Evo Morales, que le permitió presentarse, por
tercera vez consecutiva, a las elecciones del 2014.
Igual sucedió en Nicaragua, donde el artículo 147 de la Constitución que le
prohibía expresamente la reelección a Daniel Ortega en los comicios del 2011,
fue suprimido por la
Corte Suprema de aquel país, argumentando que dicho artículo
era inconstitucional, no obstante ser parte de la Constitución, pues
todos los todos los hombres son iguales. De no resultarle esto y no poder
presentarse a dichas elecciones, Ortega tenía como alternativa lanzar a su
esposa Rosario Murillo como candidata a la presidencia. Esta última, una
modalidad de nepotismo o perpetuidad en el poder que ya se utilizó en la Argentina de los
Kirchner y que también se asomó como posibilidad en el Perú de Ollanta Humala.
Curioso es el caso de Honduras donde en abril del 2015, fue
derogada por su máximo tribunal, la norma constitucional que impedía la
reelección presidencial, seis años después de que Manuel Zelaya fuera derrocado
por intentarse reelegir a través de un referéndum popular.
Todo esto, sin contar algunas tentaciones que quedaron en el
aire, como por ejemplo, la del presidente colombiano Álvaro Uribe, quien
agotados los dos periodos que le daba la reforma constitucional del 2004,
coqueteó con la idea de un tercer periodo que no estaba previsto en la carta
magna, o la de la señora Fernández de Kirchner, quien no obstante tenerlo
vedado por la Constitución
de su país, estuvo desojando la margarita en el 2015, para decidir si se
lanzaba o no a la aventura de un tercer periodo.
Ni que decir de Venezuela donde Chávez, con la excusa de la Constituyente de
1999, sustituye la
Constitución vigente por otra, en la cual se alarga el
mandato a seis años con reelección inmediata por una única vez, para reformarla
posteriormente y permitir la reelección infinita, que solo su temprana muerte
impidió.
Después del fallecimiento de Chávez, las violaciones a la Constitución han
estado a la orden del día, siempre con la cooperación ilimitada del Tribunal
Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, controlados por el
régimen. Bien para elevar a Nicolás Maduro a la Presidencia “de facto”
de Venezuela, desde su antiguo cargo de Vicepresidente que expiraba el diez de
enero del 2013; bien para desconocer el funcionamiento de la nueva Asamblea
Nacional en manos de la oposición desde enero de este año; o igualmente, para
impedir que el pueblo venezolano ejerza un derecho constitucional como lo es el
Referéndum Revocatorio, que Maduro perdería indefectiblemente. Esto último ya
prácticamente consumado con la decisión anticonstitucional y arbitraria que acaba
de tomar el Consejo Nacional Electoral de posponerlo adrede, para el añ0 2017,
lo que anularía la posibilidad de que una vez revocado Maduro, se llame a
elecciones, pues los dos últimos años de gobierno serian presididos, de acuerdo
con la Constitución,
por el Vicepresidente en funciones; quien es nombrado por Maduro.
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