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| Fuent: El Pitazo |
Unica salida, privatizar la industria petrolera y contratos de extracción y producción.
Esa relación es fatal, en el largo plazo no tiene solución
óptima, se llegó al punto de inflexión, entre el concepto de renta y el de
beneficio. Probablemente la solución en el pasado hace más de veinte años, pudo
haber llegado con el movimiento hacia la eliminación del monopolio estatal y a
la privatización, una visión tímida en aquel momento, pero quizás adecuada al
entorno político e institucional que se veía de un derretimiento del sistema financiero
privado que colapsaba en medio de un fisco colapsado por el salvamento de
aquella crisis. Esa solución venia como ajuste después de veinte años del mayor
error cometido en relación al petróleo y su entorno económico, la
nacionalización y creación del monopolio estatal, después de todo los
yacimientos son del Estado desde Carlos V.
La apertura, sin embargo, abrió la caja de Pandora de los
espíritus animales del nacionalismo petrolero, quienes exacerbaron los
incentivos políticos, de aquellos sectores que tradicionalmente habían
depredado la industria petrolera -el ingreso petrolero- desde una cómoda posición rentista, la
política y sus corporaciones, la corporación militar, sectores mercantilistas
corporativos del capital privado y sindicales laborales, y toda la “cultura
nacional” que libaba del petroleo. A lo largo de décadas, -desde 1945 y desde
1958 una espesa nube de intereses logro crear el gran consenso nacional, el
petroleo es del Estado, a todo evento y punto, cualquier discusión al respecto
era fulminada, donde quiera que ella se exprese, inclusive en el mundo
académico.
Desde 1958 esos incentivos superaron a la racionalidad
económica, estaba en peligro la fuente que alimenta la política y su clientela
y le daba forma al rentismo petrolero, el medio académico y cultural, la
intelligentzia, se refugió en ese consenso, cualquier mención a privatizar la
industria era perseguido culturalmente, había que callar aquellos pequeños
grupos que planteábamos que la apertura petrolera debió haber fundado un marco
constitucional de mayor seguridad jurídica -del que se sustentaba y a medias-
que le diera fundamento y durabilidad al proceso de retorno del capital
privado. Aun bajo los que esquemas de participación y propiedad de débil
factura en términos de la seguridad jurídica que mostraban los contratos con el
cual se llevó a cabo la apertura. La respuesta de las corporaciones políticas,
fue que “era mejor no alborotar un avispero”, una expresión algo naive, que
provenía de un alto dirigente político, quien así respondió a mi crítica sobre
los riesgos de inseguridad jurídica que mostraban los contratos de apertura
petrolera, dado que era plenamente conocido que el nacionalismo petrolero se
expresado ampliamente y conducido a la estatización y que se activó con la Constitución de 1961
haya la estatización final en 1975.
Así, con la apertura el “consenso” daba un paso hacia
adelante y lo hacía con fusiles y con votos, y allí estaban también presentes
grupos y sus representantes que habían estado activos y a favor del proceso de
apertura en los noventa; pero ahora estaban refrescando su nacionalismo, con la
vuelta a la estatización, cuyas reglas fueron explicitadas en la Constitución del 1999
y puestas en marcha en la legislación petrolera que de inmediato emprendió la AN. El rentismo petrolero
viviría una época intensa porque los precios, como un windfall, el lado
izquierdo de la asimetría, alimentaron la presión fiscal que engordaba al
Estado y al gobierno, reduciendo con ello la industria petrolera a un 7% en
relación al PIB para hoy, desde un 25% que mostraba la apertura desde 1995.
Esa estatización acabaría en los hechos con los contratos de
empresas mixtas, las participaciones de los privados extranjeros en las
empresas mixtas veían sus derechos de propiedad sobre aquella renta que
supuestamente les pertenecía, -según contratos- convertidos en cuentas por
cobrar, su socio mayoritario el Estado – a través de PDVSA- confiscaba sus
haberes convirtiéndolos en su deuda. Posteriormente entre 2013 y 2016, al
sentirse con fuerza los efectos del engorde del Estado y la descapitalización
de la industria en consecuencia, requirió que esas deudas se convirtieran en
capital, en acuerdos igualmente sin mayor seguridad jurídica.
En otras palabras, los cambios que se suscitaban bajo las
nuevas reglas no generaron los mejores ventures, dado que se cambiaron socios
AAA por socios sin capital ni tecnología, todo lo cual sumo a la
descapitalización de toda la industria petrolera. Esta es una de las facetas de
la primera cara se esa asimetría, que exponemos en el título de esta nota, su
representación. Más adelante definimos esta relación entre el petroleo y la
política, la cual fue transfería a un amplio espectro social pero también al
mundo esotérico bajo cuyo prisma el venezolano fue acostumbrado a ver su
posición respecto de la renta del petroleo.
¿Cómo llegamos a ese final? Elaborando sobre las deplorables
condiciones que hoy presenta la industria petrolera nacional, encontramos que
después de casi dos décadas operando bajo la irracionalidad de unos incentivos
que definen la renta -toda- petrolera como ingreso fiscal, y convertida en
monopolio estatal nuevamente y con contratos de asociación -para distribuir
beneficios- representados con derechos de propiedad mal definidos.
Estos derechos de propiedad impiden el ejercicio pleno de
disponibilidad sobre la renta ganada, – entre otros, por elevada inseguridad
jurídica expresada económicamente en un horizonte trazado – en esos contratos,
era el de última instancia- para un ingreso petrolero generado bajo el total
control del Estado/Gobierno; incluyendo desde luego, el ingreso perteneciente
al socio del Estado venezolano, que como se sabe al no ejecutarlo PDVSA seria
convertido en capital por parte del socio.
Este marco se inseguridad jurídica por derechos de propiedad
mal definidos, es un factor del proceso de descapitalización de toda la
industria nacional, incluida el asociado privado internacional; en muchas
ocasiones siendo empresas de propiedad estatal igual al caso de PDVSA su socio.
Hablar entonces de privatización no sería correcto, el riesgo soberano
enfrentado por el socio, no sería gratuito, porque se expresaría como parte
importante del riesgo país y con ello incrementaría sus costos de operación en
el venture con PDVSA.
La estatización de la industria fue apalancada por el crecimiento
de los precios. El ingreso petroleo -renta-
fluiría con mayores volúmenes, sin costos contemporáneos aparente -esos
los estamos pagando después de la zafra- seria aplicado al proceso de
estatización de la economía privada y gasto fiscal dirigido a agrandar el
Estado (110%). Ese inmenso gasto fue agrandado por ingreso por endeudamiento
dirigido a atender el llamado costo social, y aplicarse a programas
redistributivos de uso directo en o indirecto, regidos por un costoso proceso
político pervertido donde el natural gasto por derroche en manos de entidades
burocráticas del Estado y el Gobierno, de la mano de la corrupción.
Todo ello dejo al final un amargo sabor, dado que al
disminuir la renta del petroleo tanto por descapitalización de la industria y caída
de los precios posterior, dejo a todo el mundo en el mismo sitio donde se había
dado comienzo al régimen de reparto bajo la nuevas reglas, nueva constitución y
nueva legislación y un gasto despilfarrado que supera los 550 mil millones de
dólares -en 15 años- solo por ese concepto. De ello queda una monstruosa deuda
y enormes costos hundidos que definirían un grado terminal de la industria
petrolera por descapitalización, por desinversión y desviación del gasto
operativo de PDVSA. Acá tendríamos la segunda y consecuente faceta de la
asimetría mencionada.
El actual estado de la industria petrolera nos revela una
gran verdad, aunque aún cubierta del velo de la ignorancia (Rawls) dado que la
depredación de la industria petrolera se convirtió en consecuencia no
intencionada, aunque dejando curioso consuelo político de que “no hay mal que
por bien no venga”. Así, constatado el volumen de descapitalización -el cual
ocurriría en algún punto del ciclo, en la baja- que ocurriría, y después de
tragarse el hígado como Estado petrolero, pudo haber dejado otra oportunidad,
quizás la última de seguir produciendo rentablemente petróleo. Solo que esta
vez no habría” renta” para el reparto, sino una apuesta a que solo el mercado
podría eventualmente fijar el grado de rentabilidad que el negocio petrolero
venezolano pudiera aun tener, en un mercado global y con más dolientes, más
productores y más oferta petrolera, en medio de grandes saltos tecnológicos con
modelos de negocios que operan con incentivos privados, del capitalismo, para
ser precisos.
Solo el mercado lo dirá, pero bajo la condición de serios
cambios en la manera como se definen derechos de propiedad sobre el petroleo
como commodity -producido y procesado- por inversión privada. Ello, desde
luego, reducirá el ingreso petrolero como tensión fiscal, porque los impuestos
quedaran como resortes e incentivos para que el capital pueda rodar. Desde
luego, y el mundo se preguntará con razón, por qué hubo que andar por la
costosa via de la destrucción de un inmenso capital que nos trajo la industria
a niveles donde muchos se pregunta sobre la viabilidad que ella tiene viendo al
futuro, un futuro incierto donde las tasas de sustitución marginal de unas
energías por otras, sobrepasaron el umbral de costos y regulaciones como
restricciones que lo impedían anteriormente.
Lea el informe complete aquí.
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