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“Rechaza el aumento en un 40 % en la participación
accionaria de la empresa estatal rusa Rosneft, socia con Petróleos de Venezuela
en la empresa mixta Petromonagas, sin la aprobación de la modificación de las
condiciones que rige el referido contrato por la AN conforme a las disposiciones
constitucionales”, señala el acuerdo aprobado por la Cámara.
El 21 de febrero de 2016, el entonces ministro de Energía y
Petróleo de Venezuela y presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, anunció el
aumento de las acciones de la rusa Rosneft en Petromonagas por un monto de 500
millones de dólares.
El contrato elevaba de 16,6 % a 40 % la participación de la
estatal rusa en la empresa mixta Petromonagas, que extrae crudo en la Faja del Orinoco en el centro
oriental venezolano, y de la cual Pdvsa sigue siendo el mayor accionista.
El Parlamento alega que esta operación es nula debido a que,
según la Constitución
del país, no pueden llevarse a cabo contratos de interés público con Estados o
entidades extranjeras sin la aprobación de la AN, y afirma que, por tanto, se vulneraron las
disposiciones legales que regulan estas operaciones.
La Cámara
también acordó hoy que la
Comisión de Contraloría abra una “minuciosa investigación”
sobre este traspaso de acciones para determinar si la cantidad recibida a
cambio de este incremento de acciones fue “suficiente” o si tal transacción
“generó daño patrimonial a la
República”.
Según uno de los puntos del acuerdo, esto se debe a que
“estudios de algunos especialistas de la fuente petrolera informan que el valor
real de tal traspaso accionario debe ser mucho más de lo que se recibió en
dicha transacción”.
La investigación también incluirá a funcionarios públicos
responsables de este “traspaso”, a lo que la Cámara dijo que se reserva la facultad de
“ejercer las acciones legales a que haya lugar” contra los funcionarios
responsables de lo que afirman fue un incumplimiento de las disposiciones
establecidas en la
Constitución.
Asimismo, el Parlamento acordó informar al gobierno ruso a
través de su embajada sobre “la nulidad de todo acuerdo que se suscriba en
materia de hidrocarburos” y en el cual el Ejecutivo no haya sido autorizado por
la AN.
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