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| Fuente: Reuters |
La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio
de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el gigantesco grupo llevó a
muchos gobiernos a solicitar información a la fiscalía brasileña, que los
convocó para un inusual encuentro de dos días.
De los 14 países invitados, faltaron Mozambique, Antigua y
Barbuda, El Salvador y Guatemala, informó la procuraduría brasileña en el
inicio de la reunión judicial, que se realiza con gran hermetismo y sin acceso
de la prensa.
Los países asistentes, además del anfitrión, son Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana
y Venezuela.
Gran parte de la investigación sobre la maquinaria de pagos
de Odebrecht, un pulpo con múltiples negocios que facturó casi US$ 40,000
millones en el 2015, su último balance, está también bajo secreto de sumario.
“Habrá muchas reuniones bilaterales de procuradores”, dijo
una fuente ligada a la organización, que pidió no ser identificada.
Las prácticas de esta constructora fundada en Bahia
(nordeste) en los años 40 le valieron a Odebrecht S.A. y a su filial
petroquímica Braskem una multa de US$ 4,500 millones, en un caso que abarcó a
las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.
El grupo indicó que tiene capacidad para pagar hasta 2,600
millones, que sumados a la penalidad de unos 900 millones de Braskem,
totalizarían 3,500 millones, una de las mayores penalidades de la historia.
Tras resistir casi dos años, el peso de las evidencias en su
contra llevó a la firma a acordar con la justicia que 77 de sus ejecutivos
confesasen sus delitos a cambio de una reducción de sus penas, incluido su ex
director general Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en
Brasil.
La desclasificación de esos documentos es una bomba de
tiempo para Brasil y buena parte de la región.
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