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Ramírez, quien ejerció total control sobre PDVSA hasta que
fue destituido como presidente de la empresa y como Ministro de Petróleo en
septiembre del 2014, es acusado en el informe de la Comisión de Permanente de
Contraloría de permitir por años la gestación de un ambiente favorable para la
desviación de fondos públicos.
“Permitió la realización de diversas exacerbaciones que
degeneraron en cuantiosas pérdidas del Fondo Público de la Nación a razón de: la
realización de contrataciones inobservando (sic) la normativa debida”, declaró
el informe, realizado bajo petición del diputado Freddy Guevara, del partido
Voluntad Popular.
Muchas de esas contrataciones “se realizaron por medio de
interpuestas personas infringiendo preceptos constitucionales, y que
amparándose bajo la figura que ostentaba como funcionario público generó
ventajas de diversa índole para sí y para terceros”, agregó el documento.
Las pérdidas para la nación ocasionadas por la centrífuga de
corrupción fueron gigantescas.
“[La] afectación total del Patrimonio Público Nacional, por
motivo de irregularidades administrativas cometidas bajo la Presidencia de Rafael
Ramírez en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) de: USD
$11,271,148,806.36, declara el documento.
Ramírez, quien era considerado como uno de los hombres
fuertes del chavismo hasta que fue apartado de la industria petrolera, se
demempeña actualmente como Representante Permanente de Venezuela ante las
Naciones Unidas.
La investigación abarcó algunas de las más sonadas denuncias
realizadas contra PDVSA en los últimos años, incluyendo el reciente caso en
Estados Unidos contra los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham
Shiera, quienes se declararon culpables de haber sobornado a funcionarios de la
estatal petrolera para obtener contratos por más de $1,000 millones.
Pero el informe también explora algunas de las denuncias
formuladas en los primeros años de Ramírez en el cargo, incluyendo el uso
indebido del fondo de pensiones de PDVSA, donde cientos de millones de dólares
de los ahorros de los trabajadores fueron utilizados para crear un esquema
Ponzi en Estados Unidos.
Los investigadores también colocaron la lupa sobre la
colocación de cerca de $2,000 millones de fondos venezolanos en Banca Privada
d’Andorra (BPA), una de las cinco entidades financieras que operan en la
pequeña nación europea.
Esa acusación fue emitida orginalmente en el 2015 por el
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unidad antilavado de dinero del
Departamento del Tesoro que acusó a PDVSA de operar una red de lavado a través
de empresas fantasmas con la colaboración de un alto ejecutivo del BPA, a quien
se le pagaban “exorbitantes” comisiones para procesar las operaciones con
dinero “derivado de la corrupción”.
El propio Ramírez estaría en el centro de algunas de estas
investigaciones en Estados Unidos.
Según un artículo publicado en octubre del 2015 por The Wall
Street Journal, las autoridades estadounidenses investigaban la posibilidad de
que el ex presidente de la estatal, y otras personas claves del chavismo,
utilizaron a PDVSA “para saquear miles de millones de dólares” del país
sudamericano.
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