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Las circunstancias económicas y políticas de Venezuela han
impulsado la adopción de las criptomonedas, particularmente de bitcoin, en el
país. Los venezolanos buscan alternativas monetarias para sobreponerse a la
constante devaluación del bolívar con respecto al dólar, coyuntura que se
refleja en cómo los productos suben de precio abruptamente en cuestión de días.
Muchos venezolanos han utilizado bitcoin para comprar
alimentos y medicinas desde el extranjero, así como para proteger sus ahorros
en un activo digital que no solamente vale más que el bolívar venezolano
-aunque hasta la moneda digital de World of Warcraft vale más-, sino que además
tiende al alza de valor y por ende mayor rentabilidad. Por esto, el comercio de
bitcoins en el país ha adquirido unas dimensiones difícilmente repetibles en el
mundo, como un caso muy particular en la región.
Siendo Venezuela un país que importa y consume más de lo que
produce y exporta, y cuyo gobierno ha impuesto controles férreos sobre la
economía y las reservas de divisas, el intercambio de monedas extranjeras ha
tomado un alto protagonismo y afecta las vidas de todos los ciudadanos de la
nación caribeña. Sin duda, esta actividad impacta otras economías de la región
como la de Colombia y Brasil, países que hacen frontera con Venezuela.
Pero algunas condiciones puntuales del país han motivado a
que la adopción de la criptomoneda se masifique más allá del aspecto monetario
y financiero. No todos los bitcoiners venezolanos compran y venden bitcoins con
regularidad, bien sea para generar ganancias de margen o para proteger sus
ahorros.
En Venezuela la minería de criptomonedas un negocio
altamente rentable, pues allí la electricidad es insólitamente barata. Si
tasamos cada dólar al precio estipulado por el gobierno, cerca de 16 bolívares
por dólar, un venezolano promedio, que viva en un núcleo familiar de 5
personas, pudiera recibir una factura mensual de $0.3 dólares por el servicio
de electricidad.
Sin embargo, las autoridades policiales y jurídicas de
Venezuela tomaron una actitud de rechazo a esta actividad, presuntamente al
enterarse de los propósitos de los mineros: generar ganancia capital procesando
transacciones de criptomonedas a partir del alto consumo de electricidad.
Incluso, alegaron que las criptomonedas eran un método de
lavado de dinero y que debía prohibirse su uso y, por supuesto, la minería de
las mismas. Grandes y pequeños mineros cayeron por igual en diferentes
situaciones, aunque ni aun estos eventos han logrado detener la adopción.
De hecho, durante esta semana han estado ocurriendo diversos
eventos mediáticos que nos sugieren un futuro cercano donde el gobierno tomará
a consideración las criptomonedas para implementarlas o regularlas.
LOS EVENTOS
Fue durante el día lunes que el Ministro de Agricultura y
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, emitió su opinión al respecto de las
criptomonedas en su programa televisivo, transmitido por el principal medio
oficial del estado, Venezolana de Televisión. Las declaraciones de Castro
fueron sumamente inusuales, ya que con anterioridad ningún alto funcionario
nacional se había pronunciado al respecto de este tema. Después de todo, no se
puede desestimar el alto cargo gubernamental que posee, que le obliga a
trabajar estrechamente con la Presidencia de la República y tener bajo su mando
a cientos de pequeños organismos subordinados a su jurisdicción.
Pero esto no se queda ahí. Hace poco fue entrevistado en la
emisora Unión Radio 90.3 FM Luis Bracho Magdaleno, General de División del
Ejército venezolano para el estado Falcón, quien actualmente es Director
General de Tecnología del Ministerio de Agricultura y Tierras -nótese, es el
mismo ente ministerial que preside Castro Soteldo-, siendo nombrado en el cargo
a mediados del año 2015.
Fue en horas de la tarde, en el programa Sin Duda, con la
periodista Mari Pili Hernández, que Bracho Magdaleno compartió con soltura sus
impresiones acerca de bitcoin y las criptomonedas, explicando, por ejemplo, que
en algunos países del mundo ya se acepta bitcoin como se pueden aceptar tarjetas
de débito y crédito.
Ante la pregunta de cuáles son los territorios más
adelantados en cuanto al intercambio de bitcoin, inmediatamente respondió:
“Japón. Todos los tigres asiáticos y Europa. Estamos hablando de Tailandia,
inclusive hasta China”, a lo que acotó que en Estados Unidos existen
restricciones pues las autoridades de este país “prefieren que la gente utilice
el dólar” como moneda y método de pago.
A su vez, explicó que la criptomoneda no es la totalidad de
la fortaleza de Bitcoin, sino la tecnología subyacente: blockchain. “Bitcoin no
es solamente la moneda, es el sistema. Con ese nombre se nombran ambos
conceptos”, aseguró. Acto seguido, ante la pregunta de la periodista sobre si
cualquier persona puede acceder a Bitcoin desde cualquier parte del mundo y
cómo hacerlo, el general afirma que se puede hacer a través de páginas web,
absteniéndose de nombrarlas por razones obvias (sic).
Ante esta afirmación, la periodista inquiere sobre cuáles
son las razones para que estos nombres se oculten, sin entederlas bajo el
presupuesto de que son públicas y libres, a lo que el funcionario militar
pregunta a otra persona que se encontraba a su lado si las podían nombrar, para
terminar refiriéndose al papel blanco de Bitcoin que se encuentra en el portal
Bitcoin.org, en lugar de referirse a portales como casas de cambio o servicios
de carteras.
Ciertas fuentes internas confirmaron a CriptoNoticias que el
gobierno de Venezuela se encuentra trabajando de lleno en la legislación
concerniente a las criptomonedas, aunque no se ha especificado si será de
alguna manera perjudicial o beneficiosa para los bitcoiners del país. A juzgar
por las declaraciones del ministro Castro Soteldo, y suponiendo que su posición
es similar a la de otras autoridades, bien podría ser favorecedora la
regulación; pero a juzgar por las políticas monetarias y la batalla contra el
libre comercio de divisas que el gobierno socialista ha izado como bandera,
bien podría ser negativa la legislación.
VENEZUELA NO
CONTEMPLA APERTURA ECONÓMICA
Ahora, si el tema se analiza desde una perspectiva
geopolítica, es posible que ante el agravamiento de la crisis política,
económica e institucional de Venezuela, ante el descenso de los precios del
petróleo y ante la imperiosa necesidad de saldar las enormes deudas adquiridas
durante estos años, Venezuela pueda asumir políticas regulatorias similares a
las de Rusia y China, sus aliados más cercanos. De emprender regulaciones de
alto perfil como las que se han presenciado en esos países, Venezuela puede convertirse
en uno de los pioneros regulatorio en la región.
Bien se sabe que Rusia y China han estrechado sus relaciones
comerciales y que coordinadamente impulsan la sustitución del dólar
estadounidense como divisa principal para importar y exportar productos, por lo
que han estado utilizando el yuan (RMB) para comprar y vender petróleo, gas y
otras materias primas.
De igual forma, y como fue informado en CriptoNoticias, la
coalición de países conformada por Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica
(BRICS) está considerando emitir su propia criptomoneda oficial, para facilitar
las relaciones comerciales entre estos países, y por supuesto, terminar con la
hegemonía del dólar.
Desde la perspectiva que considera la crisis económica,
parecen no haber muchas esperanzas de apertura económica para Venezuela. El día
de ayer el presidente Nicolás Maduro ofreció un discurso ante la Asamblea
Nacional Constituyente, elegida el 30 de julio en una polémica elección sin
observadores internacionales y en un marco de violentas protestas callejeras.
En el hemiciclo estaban presentes representantes de todos los poderes públicos,
ante los que Maduro reconoció lo que, según sus palabras, son algunas fallas
que ha cometido:
“Hemos abandonado muchas de las bases que nuestro comandante
dejó y asumo toda la responsabilidad que me toque (…) ¿La solución es más
capitalismo? No, es al revés, es el nuevo modelo de socialismo productivo,
integrado y mixto”, aseguró.
Estas declaraciones vinieron acompañadas de 8 leyes que se
entregarán a la Asamblea Nacional Constituyente para su discusión y creación,
entre las que se encuentra la creación de redes de fiscalización popular del
abastecimiento de alimentos, la fijación de precios ‘acordados’ entre los
comerciantes y el gobierno para 50 productos de consumo básico, beneficios
tributarios para las empresas mineras que operan al oriente del país, y un
aumento de sueldos generalizado para todos los trabajadores y pensionados, el
séptimo en oficializarse desde mayo de 2016. Desde enero de 2017 el salario ha
sido aumentado por decreto oficial en 160%, medida que, pese a todo, no ayuda
demasiado a paliar la inflación que sufren los venezolanos.
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