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¿Son los incentivos creados dentro y fuera de
Venezuela en torno al pago de los bonos de deuda emitidos ilegalmente por el
régimen chavista y a la emisión a futuro de más bonos u otro tipo de deuda, los
que han condicionado, junto a otros varios factores que se podrían considerar,
la nueva puesta en escena del llamado “diálogo” entre ese régimen y los
integrantes de la deslegitimada Mesa de la Unidad Democrática?
La anterior pregunta apunta a una mucho más
concreta: ¿cuánto importa a los intereses de los “dialogantes” en República
Dominicana y los representados por ellos el que se paguen los bonos emitidos y
se puedan emitir más deuda?
Cabe presumir que importa a los “dialogantes”, y
mucho, que el Estado venezolano, desde hace años secuestrado por el régimen
chavista, pague esos bonos y tenga credibilidad para emitir nueva deuda, mas no
para garantizar la importación de alimentos, medicinas y otras urgencias de los
venezolanos, negadas por el socialismo criminal, como insisten en afirmar los
dialogantes “de lado y lado”, sino para que los acreedores de esos bonos, entre
los que predominan extranjeros pero entre los que también figuran muchos
venezolanos chavistas y no chavistas cuyas identidades sería indispensable
conocer al día de hoy, puedan cobrar los montos que esos bonos les garantizan,
con cargo al presupuesto nacional, objeto del más descomunal saqueo que una
Nación contemporánea haya podido conocer.
Según el economista Miguel Ángel Santos “para
mediados de 2017 el sector público venezolano había acumulado una deuda externa
aproximada de 178 millardos de dólares. De esta cifra, unos 118 millardos son
instrumentos financieros (bonos, préstamos documentados y pagarés), y unos 60
millardos son las mal llamadas “deudas no financieras” (por tratarse de obligaciones
con entidades no financieras). En el caso de Venezuela, ese conjunto de
compromisos incluye atrasos con proveedores, contratistas y socios petroleros,
autorizaciones de adquisición de divisas no liquidadas, y demandas por
expropiación en los tribunales internacionales (entre otros) (…) Esta realidad
trae consigo implicaciones de política económica muy concluyentes: Venezuela
está fuertemente sobre-endeudada y no va a salir de la situación en que se
encuentra emitiendo más deuda, a tasas que el mercado le exigiría a un país con
esos niveles tan elevados de endeudamiento. Las últimas dos operaciones que el
gobierno ha realizado, el canje de bonos de Pdvsa a finales de 2016 (con
garantía de acciones de Citgo) y la venta de bonos en tesorería a Goldman
Sachs, se hicieron a 21% y 48% en dólares, respectivamente. Menos pan para hoy
y más hambre para mañana” (ver: https://goo.gl/QW763R ).
¿A quiénes les importa que Venezuela salga de su
situación actual? ¿A los dialogantes de República Dominicana? ¿Coinciden los
intereses de esos dialogantes, tanto de los públicos como de los anónimos, con
los de las personas que a diario padecen el hambre, la muerte, la enfermedad y
el miedo en las ciudades, barrios, pueblos y calles de Venezuela?
Es claro que al régimen le conviene que se mantenga
la situación actual, pues creen –el tiempo dirá sin base– que la abierta
aniquilación de la población que han emprendido, si bien en cámara lenta, no
implicará su salida del poder. Para ello confían no solo en las armas y la corrupción
de las Fuerzas Armadas, órganos policiales, pero sobre todo en el apoyo de los
regímenes autoritarios de Cuba, Rusia y China, entre otros –una compañía de
esta última, por cierto, demandó a Venezuela recién ante una Corte de Estados
Unidos–.
¿Conviene a los integrantes de la Mesa de la Unidad
un cambio de la situación? Habría que suponer que sí, que eso quieren, al menos
algunos, pero que no son libres, o que no tienen la capacidad política –tampoco
sus sabios asesores–, para actuar con coherencia y firmeza en esa dirección,
prueba de lo cual es que su primera exigencia en la negociación no es el que se
establezcan condiciones con apoyo internacional para la entrega del poder por
parte de Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos, y la designación por la
Asamblea Nacional que controla la oposición de un Consejo Nacional Electoral
imparcial, también con respaldo internacional, para iniciar así un proceso de
transición a la democracia y celebrar elecciones presidenciales tan pronto como
sea posible. La primera petición es que se abra un canal humanitario, de un
lado, para que el régimen criminal reciba alimentos y medicamentos para
distribuir con criterio político durante la campaña presidencial de Maduro en
2018, y de otro, para agravar aún más la condición de mendigos, siervos y
desahuciados de los venezolanos, quienes por lo demás hemos llegado a tal
circunstancia debido en gran medida a nuestra absoluta y total
irresponsabilidad.
Definitivamente, la postura de los dialogantes por
la Mesa de la Unidad, de centrarse en la autorización de un humillante canal
humanitario que estabilice de algún modo la miseria actual de los venezolanos,
unida a su silencio, y en casos abierta condena a las sanciones que de forma
soberana y ajustada a Derecho tanto Estados Unidos como otros países de nuestro
continente y de Europa han impuesto tanto a funcionarios del chavismo como a
empresas estatales venezolanas, como Pdvsa, no coincide con los intereses de la
mayoría de la población, que por ejemplo el pasado 17 de julio de 2017 gritaron
por millones en un plebiscito que desean un cambio de régimen, ser liberados de
sus captores, no que les tiren unas sobras de medicinas y comida para hacer
algo menos infame su presidio arbitrario.
Importa recordar que el objetivo de las sanciones es
impedir que empresas “capitalistas” y “pragmáticas” como Goldman Sachs (EU),
Blackrock (EU), Fidelity Management and Research (EU), T. Rowe Price Group
(EU), Invesco LTD (EU) y Ashmore Group (Inglaterra), no causar hambre y
enfermedad en los venezolanos. La causa de esto son las políticas socialistas
de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: “Las sanciones dictadas a través de una Orden
Ejecutiva firmada este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, ‘hacen que sea extremadamente difícil para Venezuela o Pdvsa obtener
financiamiento nuevo al prohibir que cualquier entidad de ese país participe en
operaciones destinadas a proveer nuevos fondos. Esto genera que una
reestructuración de la deuda venezolana sea casi imposible’. Un régimen corrupto,
criminal, mentiroso y violador de derechos humanos, y sus integrantes, vaya que
merecen perder el derecho a contratar internacionalmente con agentes que sí
cumplen con el Derecho interno e internacional en estas materias (véase al
respecto (véase: https://goo.gl/cniGEG y https://goo.gl/EUhNps).
Sin embargo, lo anterior parecen no tenerlo claro
los extraviados dialogantes de la Mesa de la Unidad. Peor aún, es la confesión
de algunos de esos dialogantes o sus aliados, de estar dispuestos a reconocer a
la tiránica Asamblea Constituyente castrochavista, y de autorizar desde la
Asamblea Nacional con los votos de la oposición los contratos que el régimen ha
suscrito sin tener su autorización, la deuda emitida y nuevos contratos, en
especial para que emita más deuda y asuma compromisos que en modo alguno está
Venezuela en capacidad de cumplir, dada la destrucción de su economía e incluso
de su principal fuente de ingresos, la industria petrolera (por estos días, el
ex zar del petróleo y responsable directo, junto a sus familiares abogados, de
la destrucción de Pdvsa, Rafael Ramírez, ha caído entre los objetivos de las
purgas “estalinistas” de Maduro contra otrora fichas duras de Hugo Chávez),
todo ello solo a cambio de que se permita el canal humanitario, se respeten las
competencias de la Asamblea Nacional y se permitan –increíble la candidez–
condiciones electorales adecuadas para la elección presidencial de 2018.
Pareciera que experiencias importantes de transición
a la democracia, como la de la antigua Checoslovaquia –en la que hasta el
último momento en el poder los comunistas tuvieron preparados sus agentes
militares para asesinar civiles y mantenerse en control del país– y Polonia no
son relevantes para los dialogantes de la Mesa de la Unidad en República
Dominicana, obsesionados por tener en cuenta transiciones que no son relevantes
para la Venezuela actual –como las de España y Chile, por ejemplo–, pero sí lo
son los informes de organizaciones claramente vinculada a los intereses de
oficialistas dentro y fuera del poder como Torino Capital, que siempre coloca a
la carreta por delante de los caballos en sus análisis, no por descuido, sino
por interés: “…un informe especial de la firma Torino Capital (…) explica que
la referida restricción impide que Estados Unidos acepte los bonos que se
emitirían en un posible canje y además limitan la capacidad del país para
obtener fondos a través de pagos de dividendos de Citgo o usar la empresa como
garantía para futuras financiaciones nacionales. Al referirse a las
excepciones, destaca que incluyen las transacciones necesarias para cerrar los
contratos ya firmados durante un período de 30 días, la nueva deuda emitida por
Citgo y la nueva deuda relacionada con importaciones de alimentos, insumos
agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos procedentes de Estados Unidos
(ver el análisis de Torino: https://goo.gl/2RSz5Y).
Según Torino Capital, así como de otras compañías
que representan a tenedores de bonos dentro y fuera de Venezuela, la culpa de
que empeore la escasez de todo lo básico en el país no es del chavismo, del
régimen, de lo que han hecho con absoluta saña durante ya casi 19 años contra
una población idiota políticamente, no, sino de las sanciones de Estados
Unidos, porque ellas no permiten al estafador, al violador, al corrupto, seguir
“guisando” con sus panas y aliados “de lado y lado”. Ante tal cinismo e
hipocresía, es cuando líderes honestos apelan a la verdad y al camino exigente
para conducir a sus ciudadanos a una situación mejor que la actual. Pero no es
ese el liderazgo que se muestra del lado de los dialogantes de la Mesa de la
Unidad, muchos de los cuales apoyan la reestructuración: “La oposición
venezolana pidió al Gobierno una refinanciación de la deuda externa para evitar
que los más de 3.500 millones de dólares que el país tiene que pagar en
vencimientos de octubre y noviembre se reúna sacrificando importaciones y
agravando la situación de escasez que vive la nación: ‘Es una propuesta que
lanzamos hoy para que en este momento (..) se refinancie la deuda y no se
castigue a los venezolanos’ para ‘cumplirle a los bancos y tenedores de los
bonos’, afirmó el presidente del Parlamento -en manos de la oposición-, Julio
Borges, en una rueda de prensa (…) Borges pidió ‘refinanciar la deuda para que
se pueda tener dinero para comida y alimentos’, además de una reforma profunda
de la economía que contribuya ‘al bienestar de los venezolanos’” (ver:
https://goo.gl/J17RkB).
¿Es en serio?, ¿por el bienestar de los
venezolanos?, ¿o por el de los tenedores de bonos, de los corruptos y de los
violadores de derechos humanos? ¿Cuáles son los principios, los valores y los
fines políticos de los dialogantes de la Mesa de la Unidad y sus asesores en
República Dominicana? ¿Acaso la mezcla de pragmatismo, nihilismo, improvisación,
miedo, ingenuidad, populismo y presión de los que sí quieren que la catástrofe
siga para cobrar sus bonos y comprar más bonos ad infinitum puede más que la
responsabilidad histórica de derrotar a la tiranía, reconociéndola como tal de
una buena vez?
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