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En los próximos diez años, Venezuela deberá pagar
cerca de US$91.000 millones por concepto de deuda pública externa; un golpe
duro para un país que cayó en default parcial en 2017, según las agencias
calificadoras de riesgo. Solo en 2018, el pago deberá ser de US$8.400 millones,
de los cuales US$5.500 millones son de bonos República en deuda soberana y
US$2.900 millones de bonos de Pdvsa.
Las agencias calificadores señalaron a Venezuela en
default fundamentalmente por el retraso en relación a las deudas en el pasado
noviembre, pero ya se da como un hecho que en 2018 el gobierno directamente no
podrá pagar.
Se cortó la soga. El gobierno venezolano honró sus
obligaciones contractuales con el exterior incluso en sus peores momentos, como
el año 2002 con el paro petrolero nacional, hasta que en 2017 se le agotaron
los recursos.
"Desde hace tres años el gobierno viene tirando
de la soga: liquidando activos externos netos, es decir, consumiendo las
reservas internacionales y los activos del Banco Central de Venezuela (BCV). Ya
no hay suficientes dólares para pagar la deuda externa en 2018", aseguró a
El Observador Leonardo Buniak, economista y analista petrolero venezolano.
El experto se refiere a que el gobierno ha hecho
operaciones de swap de oro, ha adquirido préstamos de China y Rusia y
desarrollado otras estrategias para inyectar dólares al país. Esas medidas se
adoptaron a partir de la crisis petrolera del 2014, por la caída de los precios
del petróleo, para dar servicio a la deuda pública externa.
El déficit fiscal para el año 2018 estará en el
orden de los US$7.000 millones, esto es 20 puntos del PIB venezolano. En este
momento, el grueso de los ingresos de Venezuela (la liquidez del país) proviene
casi exclusivamente de las exportaciones petroleras a EE.UU., las que han ido
cayendo en el último año, mientras aumentan las tensiones políticas entre ambos
gobiernos.
También Venezuela recortó de una forma vertiginosa
las importaciones de productos (incluyendo alimentos y medicinas) y restringió
al máximo la liquidación de divisas para el sector privado de la economía, pero
esas estrategias no están resultando suficientes para pagar las deudas.
Manejo fiscal
tras default. Si bien el mandatario Nicolás Maduro ha manifestado supuestos
avances en la renegociación de sus deudas, no ha logrado realmente que los
acreedores la acepten. "Gran parte de los acreedores son personas físicas
y jurídicas bajo la jurisdicción de EE.UU. y cualquier decisión que tomen debe
tener en cuenta al gobierno de Donald Trump", observó Buniak.
A su entender, el gobierno intentará separar el tema
de la deuda pública de Pdvsa (la principal petrolera nacional que sostiene al
país) de la deuda pública de la República. "Es posible que Maduro se acoja
al principio de inmunidad soberana que establece que los Estados no pueden ser
embargados", especuló.
El argumento de esta alternativa es que el gobierno
tratará de honrar las obligaciones contractuales de Pdvsa para evitar el
embargo de sus activos o producción, mientras se acoge a la inmunidad y trata
de convencer a los acreedores de negociar la reestructuración de la deuda de la
República. En ese escenario, las intenciones de pago no serían sobre los US$
8.400 millones, sino solo la parte de la deuda de Pdvsa.
"Venezuela entrará nuevamente en default en
2018", dijo Buniak. Más allá de que el gobierno venezolano acordó la
reestructuración del 2% de su deuda total con China y Rusia, esos países han
dado señales que no harán más desembolsos para ayudarlo en 2018.
La deuda de Venezuela con el gobierno de Vladimir
Putin asciende a US$8.000 millones. Por otra parte, cerca de 420 mil barriles
de las exportaciones petroleras venezolanas se efectúan como pago a China. En
este caso, la deuda es de US$28.000 millones.
De esa forma, los compromisos con Rusia y China se
han convertido en un gran peso en el ala para Venezuela.
Ingresos versus gastos. El déficit fiscal para el
año 2018 estará en el orden de los US$7.000 millones, esto es 20 puntos del PIB
venezolano. En este momento, el grueso de los ingresos de Venezuela (la
liquidez del país) proviene casi exclusivamente de las exportaciones petroleras
a EE.UU., las que han ido cayendo en el último año, mientras aumentan las
tensiones políticas entre ambos gobiernos. De casi 1 millón de barriles
diarios, las exportaciones venezolanas a ese destino han bajado a unos 600 mil.
El gobierno de Maduro optó por la monetización del
déficit fiscal a través de emisión inorgánica de dinero del BCV, es decir,
dinero emitido sin respaldo, lo que hace difícil sostener el sistema económico.
Suba del
petróleo no alcanza. La suba del precio del petróleo (este martes el Brent
cotizaba a US$ 66,6 por barril, su mayor valor en dos años y medio), le sirvió
muy poco a Venezuela. Generalmente, para todos los países del mundo, esa
recuperación les ha significado ingresos adicionales, y si bien se calcula que,
en el caso de Venezuela, por cada dólar que aumenta el precio del petróleo le
significa US$ 500 millones de ingresos adicionales, esto no se nota porque su
producción de crudo no es suficiente.
"El problema de Venezuela no es el precio del
petróleo, sino sus volúmenes de producción. Si la producción de Pdvsa no
hubiera caído, a los precios actuales del petróleo el gobierno hubiera podido
financiar el servicio de la deuda pública de 2018", calculó Buniak. La
producción petrolera venezolana estaba en 2,1 millones de barriles diarios en
octubre de 2016, y en el mismo mes de 2017 bajó a 1,8 millones de barriles
diarios.
El petro y
sus obstáculos. El presidente Maduro ha anunciado el lanzamiento del petro,
una divisa virtual, y como tal, su valor de mercado depende de que terceros la
acepten como moneda de pago. En tal sentido, es difícil que el petro sea
aceptado, al ser propuesto por un régimen que controla un Estado que atraviesa
una de las más profundas crisis de su historia.
La iniciativa surge como alternativa para
"superar el bloqueo financiero impuesto por el gobierno de EEUU",
según declaró Maduro, lo que ha despertado comentarios de que es una propuesta
poco realista.
"El petro aún no ha nacido y la gente ya sabe
que, una vez más, se trata de una retórica política para intentar mover las
expectativas de los agentes económicos de que las cosas van a marchar mejor, lo
que nadie cree", concluyó Buniak.
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