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| Fuente: EFE |
El Estado, a través
de la aplicación de la Ley y de la vigilancia de la policía, está
estrechando los círculos independentistas. Tanto los partidos, como
sus líderes y activistas asumen que cada vez tienen menos margen y
que de cada cosa que hagan tendrán que pagar el correspondiente
precio. En este sentido, Anna Gabriel, que está estos días en
Venezuela apoyando a Nicolás Maduro en su campaña electoral, se
está planteando no volver a España y quedarse en Caracas «exiliada»
para evitar la cárcel.
De momento le ha
pedido al juez Llarena aplazar su declaración hasta el día 21, y
éste se lo ha concedido, para ganar tiempo mientras acaba de
pensárselo. Su compañera de partido, Mireia Boya, también está
considerando la posibilidad de fugarse.
Los independentistas
se atrevieron a hacer lo que hicieron porque en su farol permanente
creyeron que también el Estado iría de farol, y que no se atrevería
a tomar las drásticas decisiones que ha tomado, y que por lo tanto
estaban en condiciones de forzar una negociación. Pero una vez más
quedó claro que el catalanismo político está todavía en las
cuestiones previas, y que antes de querer fundar un Estado tendría
que saber qué es y cómo funciona.
También creyeron
que la Unión Europea concretamente, y en general la comunidad
internacional, apoyarían la causa del catalanismo, en otra
demostración de que no sólo no saben qué es un Estado sino que
tampoco entienden que la UE es un cub de Estados que se ayudan entre
ellos.
Aunque sorprenda por
lo que tiene de naif, tanto a los que están en Bruselas como a los
que están en la cárcel, la respuesta del Gobierno a su rebeldía,
más que indignarles, les ha sorprendido.
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