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| Fuente: AFP |
La frontera entre
Colombia y Venezuela nunca ha sido un lecho de rosas. Con poco más
de 2.200 kilómetros de extensión (tres veces y media la frontera
entre España y Francia; casi dos veces la Raya entre España y
Portugal), históricamente ha marcado puntos de encuentro y
desencuentro entre los dos países. Una frontera viva que para miles
de venezolanos marca hoy el borde entre la ilusión por una mejor
vida y la lucha por no desfallecer, por la supervivencia.
Pero el éxodo de
venezolanos, que se ha disparado en el último año, está
desbordando a las autoridades colombianas, ante la necesidad de
gestionar la llegada de cientos de miles de personas procedentes del
país vecino, que huyen de la miseria, la escasez de alimentos y la
falta de medicinas, además de la persecución política, que sufren
bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Ante la grave crisis
humanitaria en que está derivando esta llegada masiva de
venezolanos, con muchos de ellos durmiendo en parques y calles en
condiciones deplorables, el alcalde de la ciudad fronteriza de
Cúcuta, César Rojas, ha pedido al presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, que declare la emergencia social en la ciudad
fronteriza.
Santos viajará
precisamente este jueves a la frontera entre los dos países para
verificar los avances en la gestión de la crisis y procurar la
coordinación entre las distintas entidades, que suele ser una de las
principales fallas en estas crisis: muchos tratando de hacer algo y
todos logrando poco. Tal como avanzó el pasado lunes a gobernadores
y alcaldes fronterizos con los que habló, pondrá el énfasis en un
plan de atención que cubra especialmente los asuntos de salud (el
año pasado se atendieron 24.727 urgencias frente a 1.475 en 2015),
educación, atención a menores desprotegidos, mayores y familias en
situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la
presencia del mandatario y otras autoridades regionales o locales,
así como la reciente del procurador, no será suficiente para
resolver de una vez por todas la situación que se vive en la
frontera, a la que se suma ser una zona de bajo desarrollo,
históricamente desatendida por los gobiernos de turno.
La crisis
humanitaria que sufre Venezuela se traslada con cifras alarmantes
hasta la frontera colombiana –sin incluir a Brasil y Guyana, que
tienen su propia ola de migrantes venezolanos–: en el último año
han entrado a Colombia 750.000 venezolanos, de los cuales unos
340.000 permanecen con estatus migratorio irregular, lo que
informalmente se denomina como «ilegales». Solo en el mes de enero
de 2018 entraron en el país 47.095, según los datos oficiales.
Sin embargo, las
cifras reales desbordan los registros formales: la cifra oficial de
la autoridad migratoria colombiana indica que, desde 2014, al país
han entrado 1.100.000 venezolanos, pero se calcula que al menos otros
900.000 lo hicieron de forma irregular, para una población flotante
superior a los dos millones de venezolanos. Como ejemplo, mientras en
una ciudad como Arauca (90.000 habitantes) hay un paso fronterizo
oficial, en paralelo existen otros 22 informales. Y en Paraguachón,
más al norte, y en la Guajira, la proporción es un puesto de
migración por cada cien trochas o caminos ilegales, tanto o más
conocidos que el propio puesto de control fronterizo.
Según un informe de
Migración Colombia, hay ahora unos 550.000 venezolanos, mientras que
datos del Gobierno señalan que, entre agosto de 2017 y enero de
2018, hasta 1,5 millones de venezolanos han solicitado la tarjeta de
movilidad fronteriza, un documento que solo permite transitar por
zonas limítrofes, visitar a familiares o comprar alimentos y
medicinas.
Se estima que uno de
cada tres venezolanos que llega se queda en el país. El resto va de
paso hacia el sur, camino a Ecuador, Perú y hasta Argentina. Algunos
hacen pie temporal y toman un respiro antes de encaminarse al norte,
hacia Estados Unidos o, eventualmente, dar el salto a Europa. Pero
estos son los menos, pues los venezolanos con recursos para hacer
semejante esfuerzo ya hace tiempo que se marcharon de su país.
Sea cual sea el
destino, las imágenes se repiten día a día en distintos puntos de
la geografía colombiana, pero especialmente en ciudades como Cúcuta,
Maicao-Paraguachón y Arauca, donde familias y grupos de diversos
venezolanos llegan a buscar comida y salud, así como de algo de
trabajo y solidaridad. Todos llegan con muy poco, algunas maletas o
bultos, necesitados y dispuestos a improvisar un espacio donde
alojarse en algún parque de la ciudad.
En Villa del
Rosario, municipio colindante con Cúcuta y sobre la frontera, el
Gobierno colombiano abrió hace pocos días el Centro de Atención
Migratorio para atender a esta creciente diáspora, aliviar la
presión sobre el espacio público de Cúcuta y, sobre todo, la
tensión social que se empieza a sentir en dicha ciudad.
La pregunta que
ahora ronda es si se deben establecer campos de refugiados o algún
esquema parecido, con apoyo internacional del Acnur y la Cruz Roja,
respondiendo a las peticiones de las autoridades locales colombianas.
A ellas se suma la solicitud presentada por la diputada por el vecino
estado de Táchira, Gaby Arellano, en representación de la Asamblea
Nacional venezolana, cuerpo legislativo en el que la oposición al
régimen bolivariano tiene la mayoría y que el Gobierno de Nicolás
Maduro desconoce a pesar de haber sido elegido por voto popular.
Lea el resto del
informe aquí.
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