Foto: Mariana Souquett |
Si todos los seres humanos tuviésemos los hábitos de consumo
de los venezolanos del 2014, harían falta 1,97 planetas para satisfacernos.
Esto porque nuestra huella ecológica, es decir, la cantidad de recursos
naturales que se requieren para vivir, es mayor que la biocapacidad nacional,
que es la cantidad de estos bienes ambientales que produce la naturaleza del
país.
La huella ecológica y la biocapacidad se miden en hectáreas
globales, usando la cantidad de productos como madera, alimento y agua que se
obtiene de las “hectáreas productivas del planeta” entre la población de cada
país. Así que de cada venezolano de 2014 consumía 3,3 hectáreas globales para
sus necesidades mientras que el territorio nacional podría producir 2,7 hectáreas
globales en el mismo tiempo. La deuda ambiental nacional está entonces en 0,6
hectáreas por persona/año.
Esto se desprende de los datos de la Global Footprint
Network, que señala además que la biocapacidad del país se redujo drásticamente
durante las décadas de los 60 y los 70, mientras que el consumo aumentó
considerablemente desde el año 2003. Sin embargo, se desconoce qué ha pasado
desde 2015. La web, que usa datos disponibles de la ONU, Banco Mundial y la
FAO, hizo estimaciones para Venezuela considerando para entonces una población
de 30.693.826 personas y un ingreso anual de 13.709 dólares pér cápita.
Desconocer la huella ecológica y la biocapacidad -y sus
distintas dimensiones como cantidad de tierra agrícola y producción de agua-
impide planificar acciones específicas para su mejora.
La huella ecológica también se puede medir, y mejorar, de
forma individual. Esta es una de las herramientas en línea para hacerlo, que
incluye consejos para reducirla como usar menos el carro para recorridos cortos,
bajar el consumo de agua durante las duchas o comprar productos con menor
cantidad de envoltorios, así como sembrar árboles.
Actualmente hay una campaña en Latinoamérica para reducir o
eliminar el consumo de bolsas plásticas y pitillos, que contaminan los mares y
océanos, que produce la muerte de cientos de miles de tortugas, peces y aves
marinas.
La profesora Alicia Villamizar, de la Academia Nacional de
Ciencias, dice que para los cálculos de emisiones de gases contaminantes, que
son parte de la huella ecológica y la biocapacidad, debe medirse la caída de
producción que experimenta el país. Si un bosque, que absorbía CO2 de forma
natural, fue talado para abrir una mina de oro o si un cultivo de tomate fue abandonado
por falta de agroinsumos, esto variará en la cantidad de metano, dióxido de
carbono, agua y nutrientes que entran y salen del ecosistema.
La científica venezolana habla con propiedad. Es parte del
equipo que está revisando los instrumentos de medición del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (Ipcc) para modernizarlos, jefa del
Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar (USB) e
integrante de la secretaría académica de Cambio Climático de la Academia
Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Aficman).
Según la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (Raisg), que tiene a la ONG Provita como socio local,
Venezuela es el único país de la Amazonía cuya tasa nacional de deforestación
aumentó entre 2005 y 2015. Esto fue detallado por Juan Carlos Amilibia en el I
Congreso Latinomericano y del Caribe de Conservación Biológica en Trinidad y
Tobago durante el mes de julio de 2018. Además de revelar que la minería había
desplazado a la tala para establecer cultivos y criar ganado como principal
causa de deforestación, se señaló que en Venezuela perdió 2.821 kilómetros
cuadrados de bosque entre 2011 y 2015. Esto incluye 445 km2 de áreas protegidas
y 953 km2 en el área del Arco Minero del Orinoco.
Pero la tasa de deforestación, que no es oficial, ni revela
los cambios durante 2016 y 2017, se estimó usando sensores satelitales.
Alejandro Luy y Alejandro Álvarez Iragorry, de la Coalición Clima 21, dicen que
las ONG requieren de estos datos de manera formal y específica: el estado de
los bosques, cuencas hidrográficas y ecosistemas para enfocar sus acciones de
adaptación junto a los ciudadanos.
Otros datos desconocidos son la generación y recolección de
residuos y desechos sólidos, que no se informan desde 2013, así como los de
lluvia y temperatura por la salida de operación del 70% de las 2.400 estaciones
meteorológicas, el nivel de los embalses e incluso la cota del Guri, censurada
desde 2016. Esto impide planificar para la sequía, focalizar la reforestación e
incluso diseñar edificios que capturen lluvia, lo que sería esencial para
enfriar ciudades en medio de la crisis económica, advierte Álvarez.
“Estamos tirando flechas”, dice Villamizar sobre el
desconocimiento del presupuesto, metas y rendición de cuentas en materia
ambiental en el país. “Todo está relacionado con cambio climático, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la erradicación de la
pobreza, ¿qué está haciendo el Estado?”.
Ni siquiera hay claridad sobre cómo se elaboró la Segunda
Comunicación de Cambio Climático del país, publicada en 2017 pero con datos de
2010, dice Luy. “En 2016 se contactaron a los distintos entes para hacer el
Inventario de Gases de Efecto Invernadero y un año después ya tenían los
resultados. No sabemos cómo se han movido muchos de estos elementos en los
últimos siete años”, apunta. Es decir, no hay precisión ni transparencia para
conocer cómo el gobierno estimó cuánto contaminamos.
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