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La comisión mixta especial a propósito del Arco Minero del
Orinoco de la
Asamblea Nacional (AN) enviará comunicaciones a las empresas
transnacionales que hayan firmado o estén en proceso de concretar acuerdos para
la explotación de minerales en la zona, que comprende al estado Bolívar y zonas
de Amazonas y Delta Amacuro. Y es que en junio de este año, la Asamblea Nacional
rechazó el decreto 2.248 sobre el proyecto.
"Toda inversión que se haga sin cumplir con la Constitución, las
hacen y las asumen las empresas transnacionales a su riesgo. En eso nosotros
cumplimos con notificarles", asegura Américo De Grazia, presidente de la
comisión que estudia el caso. Así, esas empresas serán objeto de citación al
Parlamento para ponerlas al tanto de la inconstitucionalidad del proceso,
además de ser interpeladas ante la plenaria.
Con precios bajos de petróleo, el rubro al que Venezuela
debe 95 % de su ingreso en divisas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela,
afirmó este mes que había firmado documentos para inversiones mineras en el sur
del país por cuatro mil 500 millones de dólares con empresas de Canadá,
Sudáfrica, Estados Unidos y de Venezuela. Anunció también la proximidad de
contratos por 20 mil millones para el desarrollo del motor.
"Lo que tenemos que hacer es advertirles a estos países
que pueden estar haciéndose los locos porque van a obtener un beneficio
inmediato, que cualquier reparo posterior no será reconocido por el Estado
venezolano", reitera el diputado. Este factor es suficiente para declarar
nulo un acuerdo, sin derecho a resarcir daños por parte del Estado venezolano a
las empresas transnacionales que firmaran el convenio a conciencia de su
violación a acuerdos. Tampoco deberá enfrentar sanciones internacionales, por
la misma razón.
Daños
Para De Grazia, el mayor de los daños que acarrearía este
proyecto es el ecológico. Ejemplifica con el caso de la represa de Guri, a la
que describe como "herida de muerte", puesto que las empresas de
Guayana consumen hoy la energía que utilizaban en 1979. "Lo que significa
que hemos reducido nuestra capacidad eléctrica en el país y eso es gracias a la
actividad minera además de la incompetencia, corrupción y la ineficacia de
Corpoelec para manejar una central hidroeléctrica tan compleja".

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