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Esta marcha, convocada dentro de la legalidad y en espíritu
pacífico con la intención de que se cumpla la Constitución del
propio chavismo, que consagra la consulta como mecanismo para revocar al
presidente, es un salto cualitativo para los que resisten contra la dictadura.
Recordemos que hace dos años y medio tres líderes prominentes -Leopoldo López,
María Corina Machado y Antonio Ledezma- proclamaron una iniciativa a la que
llamaron “La salida”, basada en la resistencia civil.
Enfrentaron el escepticismo de muchos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática,
que los veían como ambiciosos adversarios con pretensiones de apoderarse del
movimiento y mediocres estrategas que querían llevar la lucha a un territorio
en el que el gobierno se movía como pez en el agua. El propio Henrique
Capriles, a quien Maduro había vencido en unas elecciones presidenciales
plagadas de indicios de fraude, se distanció de ellos.
A pesar de esta división y de la respuesta feroz del
régimen, los venezolanos se lanzaron a las calles. En esa respuesta ciudadana
se destacaron especialmente los jóvenes estudiantes. La chispa se encendió
primero en Táchira, en la localidad de San Cristóbal, y luego prendió en todo
el país, donde, haciéndose eco de grandes gestas cívicas contra gobiernos
dictatoriales, un sinnúmero de venezolanos desesperados hicieron saber al
gobierno y al mundo que estaban hartos de tanto sufrimiento y humillación.
El resultado, tras la arremetida violenta del Estado, fueron
43 muertos, más de 400 heridos y casi dos mil detenidos. Desde entonces han
pasado muchas cosas que se resumen en una: un descenso acelerado del país hacia
el infierno y una abrumadora repulsa ciudadana contra el régimen, incluidos
millones de personas que tuvieron simpatía por el chavismo. Ciertos símbolos de
aquella represión, como el de Leopoldo López confinado en el ergástulo
chavista, nos recuerdan cada día que algo importante cambió en esas jornadas de
protesta.
Se le perdió el miedo a la dictadura dentro del país, prueba
de lo cual fue la aplastante victoria opositora en las elecciones legislativas
de diciembre pasado. También se le perdió el miedo en el exterior: los
complejos que llevaban a tantas instancias internacionales a desentenderse
(cuando no a hacerse cómplices) de la situación mudaron en una actitud crítica
y más vigilante por parte de la comunidad internacional.
La marcha que han convocado los opositores al régimen,
aunque no lo admitiría nunca la
MUD y aunque no haga falta decirlo, es una continuidad de
aquella convocatoria a la resistencia civil que hicieron López, Machado y Ledezma.
Ha quedado demostrado que no hay más alternativa que la
empleada en todas las grandes gestas cívicas que lograron devolver la libertad
-o la independencia- a sus países: movilizarse usando todas las armas de la
legalidad y la moral pública para presionar a las autoridades a ceder el paso a
la democracia y el estado de derecho. De otro modo, no lo harán nunca.
Por tanto, es importante que aquellas instancias nacionales
e internacionales que no entendieron en su día por qué “La salida” era una
opción legítima y en cierta forma inevitable comprendan ahora que no hay más
remedio, aun con los costos potenciales que algo así tiene, que salir a las
calles contra Maduro, en actitud pacífica pero resuelta, a exigir que se ponga
en marcha la segunda fase del proceso revocatorio.
Cualquier otra consideración es renunciar a toda posibilidad
de cambio o dejar en manos de la
Providencia la posibilidad de que a Maduro lo inhabilite una
enfermedad, o esperar a que a algún militarote chavista se le ocurra darle un golpe
para hacerse fuerte él mismo.
La salida sólo puede ser democrática y para ello, en teoría,
hay dos mecanismos. Uno es la negociación de buena fe. El gobierno, que acaba
de ratificar la condena contra Leopoldo López a casi 14 años de cárcel, a pesar
de que el fiscal admitió que se usaron pruebas falsas contra él y que ha
utilizado el Supremo Tribunal de Justicia para anular las decisiones tomadas en
siete sesiones de la
Asamblea Nacional en abril y mayo pasados, ha demostrado
hasta la saciedad que no negociará nada importante.
Lo que queda, es la otra vía: la resistencia civil hasta que
el gobierno, como tantos otros que decían lo mismo, acabe aceptando lo que dice
ahora que nunca aceptará.
Felizmente, cada vez más instancias internacionales lo ven
así de claro también. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha
tomado un admirable liderazgo en la denuncia de los atropellos a la libertad y
los abusos contra los derechos humanos en Venezuela, ha llamado “el fin de la
democracia” a la ratificación de las condenas contra los presos políticos.
Quince gobiernos del hemisferio occidental que pertenecen a la OEA han exigido a Maduro que
permita la realización del referéndum revocatorio este mismo año. Los gobiernos
y parlamentos que reciben con frecuencia a los familiares de los presos ya no
tienen el pudor de antaño a la hora de proclamar la necesidad de que Venezuela
transite a la democracia.
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