 |
| Fuente Web |
El problema central (al menos para la oposición) es el
momento en que se produce la primera reunión y la forma en que el chavismo la
aprovechó, dejando mal parada a la
MUD que todavía no logra exhibir un mínimo de coordinación
discursiva y comunicacional. Mucho menos acciones concretas que se puedan
asociar aquella reunión con la decisión de suspender las acciones que su
electorado, agobiado por la crisis, reclama.
En este momento, el principal desafío para la oposición es
poder reconfigurar el proceso de diálogo y presentar algún logro concreto lo
antes posible. Y es en la búsqueda de ese logro concreto donde invierten en
este momento los esfuerzos.
¿La oposición se
olvidó del Referendo Revocatorio?
El Referendo Revocatorio no está anulado, sino suspendido.
No obstante, la consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en la
presidencia pasó a un segundo plano entre las prioridades de la oposición y el
Revocatorio fue desplazado por la solicitud de una compleja ruta electoral que
debe comenzar este mes para concretarse finalmente en 2017.
Parte de esta ruta electoral ya fue anunciada hace tres
semanas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena,
cuando explicó que las elecciones de gobernadores serán pospuestas para el
final del primer semestre del próximo año, mientras que las elecciones
municipales podrían celebrarse a finales del segundo semestre.
Todo esto implica que, antes del inicio del diálogo, el CNE
se preparaba para organizar comicios para escoger 23 gobernaciones y 237
legisladores regionales,a demás de 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69
representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales
a cabildos distritales.
Sin embargo, la propuesta principal de la oposición en este
momento se orienta a solicitar que se adelante la elección presidencial que
debe realizarse en diciembre de 2018. No obstante, para que esto sea posible
(bien sea por renuncia de Nicolás Maduro o porque él decida adelantar el
proceso eleccionario) se necesita una reforma constitucional del Artículo 233
de la Constitución.
En este punto, comienza a complicarse la evolución de las
propuestas de la oposición.
¿Qué es lo que está
exigiendo la oposición?
Son cinco los temas básicos que la oposición exige en este
proceso de diálogo. O al menos son los que se han colado a la opinión pública:
Elecciones
generales en 2017 para relegitimar todos los cargos.
Liberación de los
presos políticos (se calcula que existen 113 presos políticos en este momento).
Resolución del
conflicto asociado a los diputados de Amazonas. Se especula que con una nueva
elección a principios de 2017 para la circunscripción indígena Apure-Amazonas y
el estado Amazonas.
Renovación del CNE.
Restitución de los
facultades de control político de la Asamblea Nacional.
Según los negociadores de la oposición, existe un
pre-acuerdo que permitiría lograr todo esto. No obstante, para que el acuerdo
pudiera avanzar era necesario desistir del juicio de responsabilidad política
contra Maduro y de la marcha a Miraflores, además de oficializar la
desincorporación a la
Asamblea Nacional de los tres diputados del estado Amazonas.
Y, según fuentes vinculadas con los negociadores, la desincorporación de los
tres diputados provocaría que la Sala Constitucional acelere el juicio sobre esta
materia, que está pendiente de asignación de fecha.
Después de la desincorporación, el Tribunal Supremo de
Justicia le ordenaría al CNE (presumiblemente en diciembre de 2016) repetir los
comicios en el estado Amazonas y en el circuito indígena integrado por los
estados Amazonas y Apure. Esta elección podría realizarse en el primer
trimestre de 2017 y, si la oposición mantiene tres de los cuatro diputados en
disputa, entonces tendría suficientes votos (112) para designar, al menos, a
quienes deben sustituir a Socorro Hernández y Tania D Amelio. Quedaría aún
definir qué sucederá con la designación temporal (que realizó el TSJ en
diciembre del año 2014) de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón.
¿Qué fue lo que
aceptó el gobierno?
Según fuentes del G4 (el grupo de coordinación de la MUD que está integrado por los
secretarios generales de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia
y Voluntad Popular), el Gobierno aceptó discutir estos cinco puntos siempre y
cuando la oposición desestimara la posibilidad de un juicio de responsabilidad
política contra Nicolás Maduro y desconvocara la marcha a Miraflores prevista
para el 3 de noviembre.
No obstante, fuentes cercanas al grupo de negociadores
aseguran que es falso que los puntos propuestos por la oposición se hubiese
acordado para ser discutidos o que fueran parte de la agenda.
Desde la perspectiva del Gobierno, según explican fuentes
cercanas a sus negociadores, lo más importante en este proceso es lograr la
“reinstitucionalización y la siembra de confianza”. Estos dos elementos pasan
porque el Poder Legislativo respete a los otros poderes públicos, corrija el
desacato (la incorporación de los tres diputados de Amazonas, entre otras
acciones) y, en consecuencia, que los otros poderes públicos puedan respetar al
Legislativo.
¿Todo el chavismo
está dispuesto a sentarse a dialogar?
Las diferencias con respecto al proceso de diálogo y cómo
encararlo no son exclusivas de la oposición. En el chavismo existen grupos
contrarios a la posibilidad de un entendimiento con la oposición y actúan en
consecuencia. Y fuentes del grupo de intermediación internacional sostienen que
en este caso (especialmente después del ataque de Nicolás Maduro contra el
partido Voluntad Popular) es que el Vaticano tiene que hacer valer su papel de
mediador.
botonvoluntadpopular
¿Se está discutiendo
la liberación de Leopoldo López?
Ninguno de los negociadores admite que se esté discutiendo
una Ley de Amnistía que permita la salida de Leopoldo López de la cárcel e
incluya a figuras prominentes del chavismo.
¿En qué está
trabajando El Vaticano?
Se ha difundido una tesis que afirma que El Vaticano está
trabajando para lograr estabilidad política hasta el 10 de enero de 2017 y, a
partir de entonces, lograr un gobierno de coalición entre el chavismo y la
oposición que comprometa a ambos sectores a garantizar la gobernabilidad del
país hasta la elección presidencial de 2018. Es una tesis que fue esgrimida en
2013 por el ex-presidente de Brasil Luis Ignacio “Lula” Da Silva. No obstante,
ninguna de las partes admite que esta posibilidad se esté considerando ni que
pueda formar parte de la negociación en el futuro.
En este momento, la probabilidad de congeniar en un solo
gobiernos dos modelos de país tan distintos no luce posible.
¿El chavismo que
intenta negociar ha recibido (o pedido) algún incentivo que disminuya el costo
de abandonar el poder?
No existen señales que indiquen que se le haya ofrecido al
chavismo garantías personales, familiares ni de capital que disminuyan el costo
de abandonar el poder y permitan una salida concertada a la crisis. Tampoco
existe evidencia de que el chavismo lo solicitara.
No obstante, asesores de la alternativa democrática
sostienen que en privado estos temas si han sido discutidos.
¿Hasta cuándo
esperará la oposición señales de buena voluntad del chavismo?
Aunque la mayoría de los elementos exigidos por la oposición
no pueden definirse en dos semanas, los integrantes de la MUD necesitan ofrecer
resultados tangibles ante la opinión pública.
A pesar de las diferencias de criterio entre Voluntad
Popular y el resto de los integrantes del G4, cada grupo por separado siguiendo
la recomendación de El Vaticano de posponer el juicio político y la marcha a
Miraflores, dio plazo hasta el 11 de noviembre (fecha de la próxima reunión de
la mesa de negociación) para que el Gobierno realice acciones concretas en
función de las exigencias realizadas.
¿Existe ningún punto
de acuerdo entre chavismo y oposición?
No hay comentarios:
Publicar un comentario