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A través de un comunicado, General Motors señaló que la
decisión fue tomada en desconocimiento al derecho a la defensa y al debido
proceso, además causó un daño irreparable a la compañía y a sus trabajadores,
ocasionando la terminación de relaciones laborales.
La empresa hizo numerosas peticiones a las autoridades para
reunirse y discutir la situación, sin embargo no recibió respuesta.
General Motors hizo una solicitud de avocamiento al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) pero el pasado 25 de mayo la Sala Constitucional
declaró inadmisible la solicitud, con seis votos de los siete magistrados que
integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada
Carmen Zuleta de Merchán.
“Se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y
al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General
Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación
de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía
nacional y de los propios venezolanos”, dice el comunicado.
La compañía ratificó que ejercerá todas las acciones legales
a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos
los daños originados en su contra que trajo como consecuencia el cese de sus
operaciones.
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