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En los dos últimos años de gestión del Ejecutivo Nacional,
se ha promovido la inversión en el proyecto de explotación del Arco Minero del
Orinoco, a los fines de buscar la diversificación de la economía venezolana
dada la grave crisis económica y social que vive la nación. La necesidad
imperiosa de producir nuevas fuentes de ingreso para sustentar
La amplia extensión de terreno que abarca este proyecto
contempla a cuatro estados de la República y una superficie de 111.806 kilómetros
cuadrados, área que duplica a la “Faja Petrolífera, Hugo Chávez Frías”. Dicha
extensión de terreno tiene como característica principal el alto contenido de
recursos mineros metálicos, como lo son: Oro, níquel, cobre, hierro, bauxita,
coltan, caolín, dolomita y otros minerales de gran valor industrial y
estratégico, riquezas que se han calculado en siete mil (7.000) toneladas en
reservas probable.
También es de destacar que las reservas de oro ocupan el
segundo lugar en el planeta, según los expertos, esta posee alrededor de 200 millones
de toneladas de bauxita y unas 44 mil toneladas entre oro y diamantes.
El Banco Central de Venezuela (BCV), la estatal petrolera
Pdvsa y el Ministerio de Petróleo y Minería presentaron un plan de inversión a
150 empresarios nacionales e internacionales de 35 países para la exploración
del Arco Minero del Orinoco y la explotación de oro, diamante, hierro y
aluminio.
Dicho plan de inversión se materializó con la suscripción de
contratos de explotación y la conformación de empresas mixtas por la cantidad
de Cuatro Mil Quinientos (US$ 4.500) Millones de Dólares de los Estados Unidos
de América en su primera etapa. Estos
acuerdos fueron firmados con empresas de: China, Rusia, El Congo, Arabia
Saudita, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Suiza.
El oro, principal mineral que se desea explotar en este
proyecto económico puede alcanzar ó representar un valor comercial por más de
200.000 millones de Dólares por parte de los EE.UU. En el caso del hierro, se
estiman más de 180 mil millones y en el de la bauxita, unos 9 mil 900 millones
de Dólares de los EE.UU.
Según fuentes gubernamentales, estos convenios de
explotación y comercialización de los recursos minerales contenidos en este
proyecto socio-económico, permitirá al Ejecutivo Nacional financiar las
misiones sociales que estableció el Presidente Chávez, dado que se negoció que
el desarrollo de la zona se realizará bajo la figura de empresas mixtas y, que
en contraste con lo que ocurría en gobiernos anteriores, cuando el Estado obtenía
apenas entre el 2% y 3% de las ganancias, ahora fue establecido que la nación
obtenga un mínimo de 55% de la misma, 13 % de regalías, y además reciba el pago
del Impuesto sobre la Renta (ISLR), lo que representa un incremento ostentoso
con referencia a negociaciones anteriores para el Estado venezolano, mientras
que para la empresas extranjeras que inviertan en dicho proyecto se le
garantiza la repatriación de su capital y dividendos obtenidos en el negocio.
No obstante a lo anteriormente detallado, el gobierno
venezolano no esclarece de que forma o que actores llevarán la administración
de los recursos provenientes de este proyecto, así como, su destino final en el
proceso de distribución de los ingresos de la nación, con el objetivo que no se
han despilfarrados como los recursos provenientes de la explotación petrólera
que no han sidos invertidos en la generación de nuevas industrias que
diversifiquen la economía nacional y la compra de capital de trabajo.
Vamos más allá, los
grandes terratenientes que se encuentran en el sector minero nacional y los
oportunistas de turno, han construido su plan de acción para integrarse a esta
iniciativa y no perderse ni un centavo de Dólar proveniente del Arco Minero del
Orinoco, para esto se han valido de sus relaciones personales, pago de coimas y
mil artilugios jurídicos, políticos y económicos para ser parte del mismo.
Podemos observar que la asignación de concesiones se esta
realizando de manera irregular, gracias a la mala interpretación de la Ley de
Contrataciones, y demás leyes conexas; A los fines de eliminar cualquier tipo
de inconveniente para que las empresas de sus amigos y testaferros sean los
asignados a los mejores lotes de terreno, tal y como, lo podemos observar en
las declaraciones del ex ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto
Mirabal, cuando expreso “que aunque muchos países y empresas del mundo han
expresado su voluntad de sumarse al plan minero, el Estado venezolano valora
cada caso teniendo en consideración las condiciones más favorables para la
nación”, lo cual sólo es una forma de decir que el mejor postor será el ganador
de esta fortuna natural, sin considerar las concesiones otorgadas a pequeñas
empresas que no cuentan con la experiencia ni la capacidad técnica para
desarrollar esta actividad minera de los minerales no metálicos como lo es el
granito, la piedra picada, arena lavada, etc.
El Arco Minero nacional se ha vendido al pueblo venezolano
como la solución a todos los problemas que presenta la economía nacional, el
maná caído del cielo para saciar el hambre del pueblo venezolano, dada la
Guerra Económica que vive la nación, dado el declive del mercado petrolero
mundial, sin considerar que Venezuela tiene décadas de estar siendo desangrada
financieramente por este sector, ya que la minería ilegal ha devastado los
yacimientos de los principales minerales presentes en la zona, así como, el
deterioro de la diversidad ambiental que es imposible de calcular, dado su
valor para la vida de los seres que convivimos en este planeta.
¿Quién es el gran
ganador a final del día?
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