¿Puede un “Estado protector” impulsar la innovación universitaria?, por Rafael Palacios – El Nacional

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No cabe duda de que en los países donde no existe un Estado innovador o emprendedor, particularmente en los países en vías de desarrollo, la acción del Estado para financiar e impulsar la investigación y la innovación es un factor altamente limitante a la hora de pensar en el crecimiento económico.

Incluso, en los casos de países donde existe crecimiento económico medido por el producto interno bruto anual se observan tasas de innovación muy bajas y pocos esfuerzos en investigación y desarrollo.

Allí no existe crecimiento económico real. El Estado protector limita la investigación científica y la innovación, no solo por su enfoque económico, también lo hace por su falta de empuje y despliegue de políticas hacia los actores del Sistema Nacional de Innovación.

Es esta una de las tantas conclusiones que se generan después de la reciente publicación del QS World University Rankings. Solo evaluando el caso de los países de América Latina, donde el ranking midió cerca de 90 universidades latinoamericanas de las 1.000 seleccionadas del mundo, puede uno notar que no se trata necesariamente de universidades innovadoras, ni tampoco de instituciones que impactan directamente en la economía nacional e internacional.

Tampoco las más antiguas de la región que aparecen en el ranking, como la Universidad Nacional Autónoma de México (lugar 128) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (por encima del lugar 701), ambas fundadas en 1551, son universidades que destacan por su historia en investigación y en consecuencia se refleja un alto impacto en la economía. Y esto es así, aun cuando la primera –según el ranking– mantiene una alta calidad académica y de investigación.

De manera que el significado de la capacidad innovativa en el número de universidades identificadas por países es relativo. En este contexto los datos aproximados que proporciona el ranking son los siguientes: Brasil (22 universidades), Argentina (16 universidades), México (13 universidades), Chile (11 universidades), Colombia (10 universidades), Venezuela (5 universidades), Costa Rica y Perú (3 universidades), Ecuador (2 universidades) Uruguay, Cuba y Puerto Rico (1 universidad).

Ciertamente, en la medición se hace énfasis en el número de publicaciones, citaciones y patentes generadas, además de indicadores imprescindibles que se acercan a la capacidad de las universidades en el campo de la transferencia tecnológica cuando mide el esfuerzo en la internacionalización de sus facultades y centros de investigación o de campos específicos de investigación. Pero no todos estos indicadores están insertos en conjunto en el número de universidades latinoamericanas seleccionadas.

Por lo tanto, no puede uno tener una imagen completa sobre el papel de sus investigadores para generar innovación. Las universidades, incluso, pueden reflejar un gran impacto en el ranking en el campo de la medicina o la biotecnología, y pueden al mismo tiempo poseer un nivel bajo de innovación.

En estas circunstancias, las universidades latinoamericanas deben hacer grandes esfuerzos en responder al cómo en el ámbito de las políticas. Aquí reside la verdadera autonomía de la universidad de los tiempos actuales; en poder implementar instrumentos ya validados en el mundo para transitar e impactar a partir de la investigación en la economía nacional. Incluso estando en manos de un Estado y una economía proteccionista, de muy pocos incentivos para la innovación.

Los datos actuales que reflejan la capacidad de dominio o de influencia económica, control y exportación de materia prima en los países latinoamericanos cuando son evaluados y medidos por la productividad y la economía de la innovación de la próxima década, hace deducir que existe un alto riesgo de que muchas de estas universidades tiendan a desaparecer y disminuyan de forma dramática su nómina de investigadores.

Todo ello será producto fundamentalmente de una reducción drástica del financiamiento estatal, el cual solo podrá orientar recursos a universidades que posean las capacidades de dominio de conocimiento para la innovación partiendo de la investigación básica, aplicada y de desarrollo tecnológico. De manera que, hasta el mismo Estado protector se verá obligado a financiar más la innovación universitaria que a la investigación universitaria de modo tradicional.

Mientras los países de la región no rompan con la concepción del Estado protector y no transiten hacia un Estado innovador, tendrán las universidades por sí mismas que hacer mucho esfuerzo en administrar más eficientemente sus presupuestos anuales y reorientar sus estrategias hacia la producción de tecnologías estratégicas, política y económicamente utilizables por la industria y la sociedad (energías renovables, biotecnología, inteligencia artificial, entre muchas otras). Así las cosas, si algo debiera cambiar en el código de acción de la universidad es el de imponerse como el socio más natural que existe en su país para el desarrollo y la comercialización de la tecnología. Este es el desafío.