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Cada día las temperaturas aumentan. Aunque la contaminación
y el cambio climático son percibidos ampliamente como riesgos reales que
precisan de una solución, pervive una férrea resistencia a un cambio de modelo.
Los países con industrias vinculadas a los sectores energéticos tradicionales
ejercen presión y el inmovilismo se mantiene. En paralelo, los compromisos adoptados
en el Acuerdo de París aún están pendientes de cumplimiento.
El cambio climático se encuentra en el centro de la noticia.
2016 fue el año más cálido jamás registrado, tanto en el mar como en la
superficie terrestre, y la temperatura media global aumentó 1,1ºC respecto a la era
preindustrial, según datos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático de Naciones Unidas.
Diversas instituciones científicas no cesan en su empeño de
advertir acerca de los efectos peligrosos que esto tendrá sobre la agricultura,
los recursos hídricos, ecosistemas y la propia salud humana si no se toman
medidas. Ante esta situación, todo país ha de ser consciente de su
responsabilidad como generador de cambio climático.
Gobernanza climática
y descarbonización
El Instituto Elcano celebró el 12 de julio un debate público
en la Fundación Botín, cuyo tema era “La gobernanza climática en el nuevo
contexto internacional”. El Acuerdo de París resonaba como una constante. Y no
es para menos.
En el acuerdo logrado en diciembre de 2015 en la capital
francesa se incluyó el compromiso de 195 potencias de alcanzar la neutralidad
de emisiones de gases de efecto invernadero entre 2050 y 2100 para contener el
incremento de la temperatura de la Tierra y limitar el calentamiento global por
debajo de los 2ºC .
Fue un proceso de difíciles negociaciones ya que pretendía
lograr un consenso entre países con intereses muy distintos. El acuerdo
finalmente se consiguió mediante un pacto de “responsabilidades comunes pero
diferenciadas”. No se contemplaría la imposición de sanciones, pero sí un
mecanismo de seguimiento. Pese a que el acuerdo no es jurídicamente vinculante,
se consideró un éxito político.
A pesar de que potencias como Estados Unidos o China –muy
dependientes de los combustibles fósiles– suponen un obstáculo casi insalvable,
parece existir una voluntad global de avance. Es necesario tener en cuenta que
el uso continuado de estas fuentes de energía no es compatible con la necesaria
reducción de las emisiones. Para la consecución de lo pactado, la literatura
científica defiende a ultranza que es necesario dotarse de un modelo energético
basado en la descarbonización; esto es, la disminución del uso del carbón como fuente
primaria de energía.
Aunque la descarbonización del sistema energético mundial es
relativamente lenta (0,3% anual), la tendencia ha persistido a lo largo de los
dos últimos siglos. Para que sea efectiva, esta ha de ser transversal a todos
los ámbitos de la sociedad. El cambio deberá afectar a todas las formas de
producción y consumo de energía.
Hasta ahora, a los actores contaminantes se les imponían
sanciones que no se cumplían. Actualmente cobra importancia como mecanismo de
control el carbon pricing, que se ejerce mediante dos instrumentos: el sistema
de comercio de derechos de emisión (ETS) y los impuestos al carbón. El primero
limita el nivel total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para
ello, se establece un precio de mercado por emisión y permite a las industrias
con bajas emisiones vender sus derechos adicionales a emisores más grandes, y
los localiza dentro de un “presupuesto”.
Por otro lado, el impuesto sobre el carbono es similar al
anterior pero no establece un precio por emisión, sino por el carbón en sí. De
esta forma, los precios sobre el carbono favorecen la innovación e inversión en
tecnologías limpias y estimulan a las empresas más intensivas en emisiones para
que mejoren su impacto medioambiental. Sin embargo, la asimetría en la
cobertura y precio de los instrumentos de carbon pricing en los diferentes
territorios acarrea una pérdida de competitividad para determinados sectores
industriales, sobre todo en aquellos países que tienen unas políticas
medioambientales más exigentes.
Unos 40 países ya se adhieren a estos mecanismos de fijación
de precios del carbono, según datos del Banco Mundial. En total cubren
aproximadamente la mitad de las emisiones de estos territorios, que se traduce
en 7 gigatoneladas equivalentes de CO2, el 12% de las emisiones mundiales.
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