Calculan recaudar $120.000 diarios en gasolineras expropiadas – El Nacional

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De acuerdo con los cálculos hechos por el gobierno regional con base en el volumen de vehículos que pudieran pasar desde la ciudad de Cúcuta en el departamento Norte de Santander hasta la localidad de Ureña, el gobierno venezolano podrá recaudar recursos en divisas por la venta de combustible venezolano en estaciones de servicio autorizadas por Pdvsa para este propósito.

“Nosotros hacemos algunos cálculos y con un mínimo de dos estaciones de servicio en Ureña son aproximadamente 120.000 dólares o 150.000 dólares que se estén generando directamente a través de la venta de combustible”, explicó Luis Díaz, director de política de la Gobernación del Táchira.

La medida entraría en vigor el 2 de enero de 2017, pero el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ratificó el jueves pasado que su gobierno no autorizará el corredor vial solicitado por el gobierno de Nicolás Maduro para que los cucuteños pasen a Ureña a comprar combustible.

“Eso distorsiona una situación que ha estado en vía de arreglo”, dijo Santos.

Sin pago. Las estaciones de servicio habilitadas para este propósito fueron la 95 y La Laguna, en el estribo venezolano del puente internacional Francisco de Paula Santander. Estas gasolineras fueron confiscadas por el gobierno venezolano hace siete años.

“Esas gasolineras fueron expropiadas y nunca se las pagaron a los dueños. Esas estaciones de servicio le deben a la municipalidad los impuestos de todos esos años que nunca han pagado”, advirtió Alejandro García, alcalde del municipio Pedro María Ureña.

Señaló que las estimaciones gubernamentales respecto a la recaudación por venta de carburante a los colombianos están erradas.

“Esos números no pueden ser jamás. Entonces no es tanta la recaudación”, señaló el alcalde.

Las cuentas de Díaz corresponderían al abastecimiento diario de 40 a 50 vehículos.

Fuentes cercanas al sector de los carburantes señalaron que la administración de estas estaciones de servicio fue designada a un concesionario de origen colombiano.

Diputados a la Asamblea Nacional investigan a quién se designó como administrador de estas gasolineras en las que Pdvsa fijó el precio del diésel en 1.000 pesos el litro para el transporte público y 1.200 pesos el litro de gasolina para conductores particulares.

Asimismo, está bajo investigación parlamentaria los presuntos ofrecimientos de pago que el gobierno nacional habría hecho a los dueños de estas gasolineras fronterizas.

“Si fue cancelada a los propietarios o es otro robo que pretende el gobierno, así como ha robado a otros empresarios que les expropian las cosas, se las quitan y las usan para sus negocios sucios”, señaló Frankyn Duarte, diputado tachirense a la Asamblea Nacional.