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Los países de la Unión Europea consideraron que
grandes ciberataques pueden desencadenar la misma cláusula de solidaridad que
está prevista en el derecho europeo para casos en que un Estado miembro sufre
un ataque armado.
Los ministros comunitarios, reunidos en un Consejo
de Asuntos Generales, aprobaron unas conclusiones en las que equiparan las
ciberamenazas a gran escala a un ataque militar, al considerar que ambos son
motivo para activar la asistencia mutua en la Unión, algo que ya hace la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), informó Efe.
El Consejo enfatizó que "un incidente o crisis
cibernética particularmente grave podría constituir una base suficiente para
que un Estado miembro invocase la cláusula de solidaridad de la UE y la
cláusula de asistencia mutua".
Los ministros se refieren al artículo 42.7 del
Tratado de la UE, que establece que si un país de la Unión es objeto de una
agresión armada en su territorio los demás Estados miembros le deberán ayuda y
asistencia con todos los medios a su alcance.
También al artículo 222 del Tratado de
Funcionamiento de la UE, sobre que si un Estado miembro es objeto de un ataque
terrorista o de un desastre los demás le deberán asistir tras petición de sus
autoridades. Hasta ahora, Francia ha sido el único en invocar el primero, con
ocasión de los ataques terroristas en el país en noviembre de 2015.
Los ministros recordaron además que previamente ya
dieron luz verde a la posibilidad de imponer sanciones a los responsables de
actividades cibernéticas maliciosas. "Cuando la mayoría de los perfiles
son falsos y se replican... pues son ciberataques. Y contra los ciberataques
hay que defenderse", alertó el secretario de Estado español para Asuntos
Europeos, Jorge Toledo, en unas declaraciones a la prensa durante su
participación en el Consejo. Toledo consideró que la crisis en la comunidad
autónoma española de Cataluña "se puede englobar dentro del concepto de
ciberataques", como parte de una estrategia programada de
desestabilización.
Explicó que se constató el hecho que se produjeron
ciberataques relacionados con la cuestión catalana que provenían de los
territorios de Rusia y Venezuela, aunque dejó claro que el Gobierno de España
nunca acusó directamente a las autoridades de ningún país extranjero.
Los ministros reconocieron que las amenazas en el
ámbito digital pueden tener un impacto en nuestra democracia, prosperidad,
estabilidad y seguridad, e instaron a abordar la ciberseguridad con un enfoque
coherente a nivel nacional, comunitario y global.
En concreto, pidieron reforzar la cooperación para
"prevenir, disuadir, detectar y responder a ciberamenazas" y, al
mismo tiempo, ser capaces de "responder conjuntamente" a incidentes
cibernéticos a gran escala y a actividades maliciosas en ese ámbito en toda la
UE.
También reclamaron un nivel fuerte y de confianza de
encriptación de las comunicaciones electrónicas, importante para
"garantizar adecuadamente los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la UE y para la confianza pública en el mercado
interior", a la vez que las autoridades pueden "acceder a los datos
necesarios para sus investigaciones".
Consideraron igualmente que deben realizar
regularmente ejercicios de seguridad paneuropeos y aprender de sus experiencias
para mejorar su preparación ante ciberataques a gran escala.
Sobre los trabajos legislativos para poner en marcha
un certificado europeo de ciberseguridad para los diferentes dispositivos, en
un momento de gran desarrollo de la administración en línea, el comercio
electrónico o el internet de las cosas, los ministros pidieron que responda a
los más altos estándares frente a las amenazas y a las necesidades del mercado
y los usuarios.
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