 |
| Fuente: @ViceVenezuela |
El Gobierno
venezolano manifestó este jueves su rechazo a la decisión de la
Corte Penal Internacional de iniciar un "Examen Preliminar"
a los hechos violentos suscitados desde abril hasta julio de 2017 en
el país suramericano, los cuales fueron organizados, convocados y
financiados por sectores de la oposición venezolana, con la
finalidad de derrocar al presidente electo democráticamente Nicolás
Maduro.
Mediante un
comunicado de prensa, el Gobierno venezolano cuestionó la ausencia
de un documento oficial por parte de la fiscal de la Corte que
informara al Estado la decisión impuesta y que en cambio haya sido a
través de información difundida que lograran informarse de los
infundados alegatos.
"La República
Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de
derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos
tal y como lo consagra nuestra Constitución", cita la misiva
publicada por la Cancillería venezolana.
Asimismo, el
comunicado resaltó el "claro caso de abuso de poder" por
parte de la Oficina Fiscal al iniciar un “Examen Preliminar”,
inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o
procesal.
Pese a ello, el
Gobierno bolivariano ratificó su plena contribución al organismo,
para que se diluciden los hechos violentos registrados el pasado año
en Venezuela, y ofreció suministrar información relevante a efecto
de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo
internacional.
Los sucesos de
violencia estructurada y planificada que se registraron en Venezuela
en 2017 dejaron más de cien personas muertas, tanto civiles como
funcionarios de las fuerzas del orden público, más de mil heridos e
importantes daños al patrimonio público y privado de la nación
latinoamericana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario