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Venezuela termina 2018 inmersa en la más grave crisis
económica, política y social de su historia; un año en el que se estima que más
de un millón de venezolanos se sumaron a otros dos millones que ya dejaron el
país y provocaron una crisis migratoria en la región.
El proceso de hiperinflación que se inició en octubre de
2017 se mantuvo durante todo 2018 para cerrar con el índice de precios al
consumidor de al menos dos millones por ciento, lo que deja a los venezolanos
con los bolsillos rotos y sin esperanzas de superar esta crisis a medio plazo.
Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina son los
países que han acogido a la mayoría de los venezolanos que salieron caminando
de Venezuela, una situación que tomó a estos países desprevenidos y les obligó
a pedir ayuda a los organismos internacionales para atender la llegada masiva
de migrantes.
Según cifras de la ONU, el número de refugiados y migrantes
venezolanos en el mundo ha alcanzado los tres millones.
Pese a estas evidencias, el Gobierno de Nicolás Maduro negó
esta migración masiva y tras señalar que se trata de algunos cientos, habilitó
aviones para que regresen al país los venezolanos que así lo deseen.
Maduro acusó además a Estados Unidos, países aliados de “el
imperio”, y a los empresarios venezolanos, de hacerle una “guerra económica” al
subir los precios de los productos de forma desproporcionada o de esconder los
alimentos para promover protestas o una intervención internacional.
Y pese a que el 2018 se inició con el viento en contra para
el Gobierno, con el fracaso de un nuevo diálogo político y la mayoría de las
encuestas rebajando su popularidad alrededor de un 20 %, la oficialista
Asamblea Nacional Constituyente -foro no reconocido por varios gobiernos del
mundo- convocó a comicios presidenciales.
Maduro logró la victoria en unas cuestionadas elecciones en
las que no participaron los principales líderes opositores por estar
inhabilitados y en la que la mayoría de los partidos antichavistas no
concurrieron por considerarlos fraudulentos, lo que se repitió en las
votaciones municipales.
El presidente obtuvo 5.823.728 votos, con una participación
de 8,6 millones de electores de los más de 20 millones que estaban convocados,
lo que supuso la mayor abstención de la historia venezolana.
Debido a estas circunstancias, ampliamente denunciadas por
la coalición opositora, fueron muchos los países que no reconocieron a Maduro
como jefe de Estado en este nuevo período presidencial que se iniciará el
próximo 10 de enero.
Ese fue el caso de Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Santa Lucía, Estados Unidos y algunos europeos.
Este año se registraron constantes manifestaciones en todo
Venezuela, escenario de más de 30 protestas diarias por la pérdida de derechos
laborales, falta de medicamentos, de alimentos y de servicios básicos como
electricidad, agua o gas.
Estas protestas se mantuvieron e incluso se agudizaron
después de que el Gobierno pusiera en marcha, el pasado 20 de agosto, un
paquete de medidas económicas enmarcado en el llamado Plan de Recuperación
Económica.
El paquete, que incluyó la multiplicación por 35 del salario
mínimo y una reconversión monetaria para devaluar el bolívar, causó, según la
patronal Fedecámaras, el cierre de un sinnúmero de empresas que no pudieron
costear este aumento y consiguiente se perdieron muchos empleos.
Y en medio de este caos, la oposición política se mostró más
golpeada que nunca, no solo por la aparente división de sus dirigentes sino por
el apresamiento, órdenes de captura e incluso fallecimiento de algunos líderes.
El 4 de agosto durante un acto con militares, Maduro sufrió
un atentado con drones del que salió ileso y que llevó a la detención del
diputado Juan Requesens y del concejal Fernando Albán.
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