¿Por qué el juicio político a Maduro no es como el 'impeachment' a Rousseff?, por Ludmila Vinogradoff – ABC

Fuente: EFE

Miles de personas se han concentrado este miércoles en Caracas para apoyar el llamamiento de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a «tomar Venezuela» para restaurar el «hilo constitucional». Esta marcha llega después de que la Asamblea Nacional venezolana haya aprobado iniciar el juicio político contra Nicolás Maduro, lo que para muchos supone seguir los pasos del «impeachment» a Dilma Rousseff en Brasil, que ha sido destituida por el Senado acusada de manipular los presupuestos.

Pero el Ejecutivo, en la guerra de poderes que libra con el Parlamento, ha provocado que los acuerdos salidos de la Asamblea no pasen ahora de un papel simbólico y político.

El juicio político contra Nicolás Maduro no es el 'impeachment' que destituyó a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, alegan varios juristas venezolanos tras la declaratoria de responsabilidad política al mandatario que acordó este martes la Asamblea Nacional. Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento venezolano, ha aclarado en cambio que la sanción contra Maduro era de responsabilidad política y moral y no administrativa ni civil.

Según el artículo 222 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene la facultad de ejercer su función de control mediante investigaciones y la interpelación de cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. En caso de hallarse una irregularidad o una falta en sus deberes, se declara la responsabilidad política.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro ha explicado que «dentro del juicio por responsabilidad política se puede contemplar que se quebranta el orden constitucional al aprobar sin consentimiento del Legislativo los decretos de Estado de excepción o el Presupuesto Nacional. Además, también están las limitaciones para activar el referéndum revocatorio».

Haro afirma que la responsabilidad política puede llevar después a la destitución del cargo. Sin embargo, para llegar a eso es necesario que pase por el Consejo Moral Republicano -Poder Ciudadano- y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se encuentran colonizadas por el chavismo.

Debido al acentuado presidencialismo, explica a ABC Rafael Badell, doctor en Derecho, «en Venezuela el enjuiciamiento del Presidente de la República requiere de la participación de tres órganos de los que ejercen el poder público». El socio fundador del despacho de abogados Badell & Grau aclara que tras la autorización de la Asamblea Nacional se necesita interponer la solicitud de enjuiciamiento a través del Fiscal General de la República y, finalmente, cuando el Consejo ratifique los delitos, debe solicitar el enjuiciamiento a la Sala Plena del Supremo, que decide si acepta la destitución o la descarta.

Haro ha negado por tanto que pueda equipararse al juicio político o impeachment realizado contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, aunque se pueda calificar de juicio el procedimiento que realizarán los parlamentarios.