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El fiscal general de la República, Tarek William
Saab, informó la reciente aprehensión de once ciudadanos, trabajadores de
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), relacionados con presuntos casos de corrupción
constatados en las empresas mixtas Petropiar y Petrozamora, constituidas en la
Faja Petrolífera del Orinoco.
Precisó que el Ministerio Público presentó la
solicitud de su captura el 9 de octubre y el Tribunal Segundo de control del
estado Anzoátegui la libró el pasado 20 del mismo mes, calificando los casos
como “la más refinada actuación de la delincuencia organizada” en la que
también están ligados altos empresarios que se encuentran prófugos en Estados
Unidos.
“Se beneficiaban una serie de empresas que
conformaban una élite de corrupción que llegó a dañar a la industria petrolera
y a ciudadanos, personas naturales”, denunció.
Acotó que estas acciones del despacho que dirige
contaron con el apoyo de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia
Militar) y que uno de los detenidos por estos casos es el gerente de la Faja
Petrolífera del Orinoco, Pedro León.
Reiteró que muchos de los empresarios presuntamente
relacionados tienen alerta roja de Interpol, pero están “viviendo holgadamente
en Estados Unidos” mientras que uno de ellos se encuentra en la sede del Dgcim.
“No puede ser que Estados Unidos sea un lavadero de
este dinero que ha salido de manera indebida de la nación para engordar las
cuentas bancarias en esas naciones”. Lo único que han logrado las autorizadas
venezolanas es la incautación de bienes: vehículos, maquinarias, haciendas,
mansiones, centrales azucareros, clínicas, periódicos, farmacias, etc.
A Saab no le cabe la duda de que se trató de “un
plan premeditado, con empresarios, para causar no solamente un daño patrimonial
sino a la imagen de la industria estatal de crudo venezolana”.
Caso
Petropiar
De la empresa Petropiar explicó que “se trata de
gerentes encargados de las compras para la atención de emergencias”, poniendo
como ejemplo que en un caso se encontró un sobreprecio que supera el 10 mil por
ciento.
Detalló que Carlos Pereira Aguilera, Carlos Bello
Romero, Luis Alberto Golvier Torres y Abraham Lezama Hernández fueron
aprehendidos el 24 de octubre porque “generaban una emergencia ficticia para
justificar las compras irregulares”.
Por el “otorgamiento irregular de compras de bienes
y servicios con sobreprecio” y “adjudicación directas otorgadas durante la
parada de mejoradores” de Petropiar , se les imputan los delitos de peculado
doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para
delinquir.
Caso
Petrozamora
En cuanto a Petrozamora, los aprehendidos son
gerentes y directores relacionados tanto con la entrega de recursos con
sobreprecio como de sabotajes de producción de la empresa.
Fueron “realizadas de manera consecutiva, reiteradas
y sistemática que produjeron pérdidas millonarias a la nación venezolana”, de
alrededor de 15 millones de barriles de crudo entre 2015 y 2017.
Por este caso ya había nueve gerentes aprehendidos,
pero hace dos días se lograron las capturas de Orlando Enrique Chacín, Luis
Martínez Cardozo, Adolfo Artigas, Irto Hurtado, Raibed Atencio, Jalar Granado
Rodríguez y Nori Perozo Villanueva.
A ellos se les imputan los delitos de asociación
para delinquir, obstrucción de libertad de comercio, concierto de funcionario con contratista,
peculado doloso y daño a la industria petrolera con siniestro.
Plan
estratégico para regularizar el cono monetario
Por otra parte, el fiscal general de la República
resaltó que entre septiembre y octubre “se ha logrado incautar 2 mil 372
millones 700 mil bolívares del nuevo cono monetario, durante operativos
conjuntos con los cuerpos de seguridad.
Informó que ese dinero se está depositando en
bóvedas del Banco de Venezuela para posteriormente pasarlo al Tesoro Nacional.
Juramentación
de magistrados en la OEA
En otro orden de ideas, calificó como “caricaturesco
y bochornoso” el acto realizado este miércoles en la sede la Organización de
Estados Americanos (OEA) donde trece magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia nombrado por la Asamblea Nacional sentenciaron en contra de la
Asamblea Nacional Constituyente.
Por eso señaló que estos hechos acarrean
responsabilidad penal y anunció que el Ministerio Público designó un fiscal
para investigar ese hecho.
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